— Los vinculan con La Familia Michoacana (FM)
— Entre los detenidos está el director y un monitorista del C2, así como dos policías municipales
Interacción
Cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, pues varias investigaciones apuntan hacia el hecho de que utilizaron sus funciones para facilitar la privación de la libertad de una persona.
La Fiscalía General del Estado (FGE) los identifica como presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana (FM), grupo que opera en parte de la región Norte y Tierra Caliente de Guerrero.
Los detenidos son Ricardo «N» quien se desempeñaba como director del Centro de Comando y Control (C2); José «N», monitorista de dicho centro, así como Gabriel «N» y Olga «N», quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Preventiva Municipal.
Los cuatro servidores públicos cuentan con órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas mediante un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.
Los hechos que se les imputan ocurrieron el 29 de septiembre de 2026, en el centro de Taxco de Alarcón, donde la víctima habría sido privada de la libertad por varios sujetos que la obligaron a subir a un vehículo.
Las indagatorias señalan que Gabriel «N» y Olga «N» policías municipales, quienes presuntamente ordenaron retirar a elementos de Tránsito Municipal de la zona donde ocurrió la privación de la libertad, ademas habrían instruido a Ricardo «N» y José «N» responsables del C2, para que omitieran reportar los hechos a las corporaciones de seguridad.
Dicha acción, de acuerdo con la FGE, impidió que se emitiera una alerta a las autoridades correspondientes, lo que presuntamente facilitó la comisión del delito en contra de la víctima de desaparición.
A partir de los actos de investigación, la FGE reunió los elementos necesarios para solicitar y obtener de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión contra los cuatro servidores públicos, mismos que serán puestos a disposición del juez de control que los requiere.