— Asegura Felipe de la Cruz que a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las investigaciones siguen sin aclarar qué ocurrió con los estudiantes
Interacción Noticias
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los nuevos informes presentados por las autoridades vuelven a plantear líneas de investigación y datos que, para las familias, no representan una respuesta sobre qué ocurrió con los jóvenes.
El lunes, el Gobierno Federal presentó avances relacionados con el caso, entre ellos nuevas detenciones, registros de llamadas telefónicas y diligencias vinculadas con funerarias de Iguala, como parte de las investigaciones que se mantienen abiertas desde septiembre de 2014.
Sin embargo, el vocero del colectivo Por la Verdad y Justicia de los 43, Felipe de la Cruz, consideró que la información presentada mantiene una línea similar a la de informes anteriores, con nuevas acciones de investigación pero sin resolver el principal reclamo de las familias: conocer el paradero de los estudiantes.
Señaló que durante los 12 años transcurridos se han presentado distintas investigaciones y versiones oficiales, pero ninguna ha permitido establecer de manera definitiva qué ocurrió con los normalistas después de los hechos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
También cuestionó que los nuevos avances vuelvan a poner atención en líneas de investigación que ya habían sido abordadas anteriormente, mientras permanece pendiente esclarecer el destino de los estudiantes y determinar la responsabilidad de quienes participaron en los hechos.
Para las familias, el paso de los años ha dejado un desgaste cada vez mayor, mientras que las investigaciones continúan sin ofrecer una respuesta que permita cerrar una de las principales interrogantes del caso.
De la Cruz también planteó que la investigación debe contemplar a todas las víctimas de los ataques ocurridos en Iguala, incluidos los tres estudiantes asesinados y los jóvenes que resultaron heridos, además de los 43 normalistas que permanecen desaparecidos.
A 12 años de los hechos, el reclamo de las familias se mantiene: que las investigaciones dejen de presentar únicamente nuevos datos y avances administrativos y permitan establecer qué ocurrió con los estudiantes, dónde fueron llevados y quiénes son todos los responsables.