— El Órgano Interno de Control requirió información a la exdiputada local y actual diputada federal Yoloczin Domínguez sobre la autorización de incrementos a asignaciones y apoyos durante 2023
Rosario García Orozco
El Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso de Guerrero abrió una investigación administrativa para esclarecer el origen y autorización de pagos por 263 mil 503.21 pesos que, de acuerdo con una auditoría, excedieron los montos mensuales aprobados para las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura.
Como parte de las diligencias, el titular del OIC, Ernesto Díaz Márquez, requirió mediante el oficio CEG/LXIV/OIC/0253/2026, fechado el 4 de julio de 2026, información a Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, entonces diputada local y actualmente diputada federal por el Distrito 02 de Guerrero.
El requerimiento deriva del análisis del Informe Individual de Resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) correspondiente al ejercicio fiscal 2023, particularmente del Resultado 25, donde se detectaron pagos por conceptos que rebasaron los límites establecidos en los criterios normativos aprobados por la Junta de Coordinación Política.
El OIC solicitó a Domínguez Serna informar si tuvo conocimiento, participación o intervención en la determinación mediante la cual se autorizó o incrementó el monto de las asignaciones o apoyos otorgados a los integrantes de la LXIII Legislatura.
También le pidió, en caso de contar con ellos, acuerdos, actas, minutas, oficios, solicitudes, dictámenes, autorizaciones, instrucciones o cualquier otro documento relacionado con la modificación de esos montos, así como señalar el fundamento jurídico, presupuestal, administrativo o financiero que habría sustentado el incremento.
Además, deberá indicar si conoce qué autoridad, área administrativa o servidor público resguarda la documentación original relacionada con la autorización o ejecución de los pagos observados.
El órgano de control precisó que el requerimiento tiene como finalidad recabar elementos objetivos para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación administrativa.
Este procedimiento se desarrolla mientras el Congreso estatal mantiene un proceso de análisis e investigación por la presunta falsificación de cheques emitidos a nombre de actuales diputadas y diputados, asunto que también ha derivado en denuncias ante la Fiscalía General del Estado por parte de dos legisladoras.