David Martínez Téllez
Analista político, comunicólogo y académico UAGro
El debate sobre tema derecho a las audiencias es político. Se queda en la esfera de quienes poseen poder y concesiones. Ojalá se involucrara la sociedad en esta discusión.
La polémica es el término verdad.
El actual gobierno argumenta que sus detractores mienten y eso lo deslegitima. Y para ello utilizan los medios electrónicos como radio y televisión.
El poder morenista al poner sobre la mesa el tema indica que a lo mejor le están ganando en este terreno, porque en redes y en prensa, supongo, le va bien. Aquí no solicita alguna intervención.
Escribo injerencia de quienes ostentan el poder porque el artículo sexto de la Constitución es claro y preciso: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”
El texto constitucional alude directamente a la democracia en donde se puede exponer o expresar una opinión.
Desde 2015 en el sexenio de Enrique Peña Nieto se promulgó el Ombudsman de las audiencias en el sector radiofónico. Entonces no había derecho a la réplica.
En la prensa escrita se abrió este espacio (aclaratorio) a través de cartas al editor o director. En ambos medios hubo escasa participación social.
La explosión intervencionista de la comunidad en diferentes temas se observa con la aparición de las redes sociales.
Legalmente la sociedad mexicana puede y debería inmiscuirse en todos los temas que se leen y/o escuchan en los mass media. Insisto es parte de la vida política democrática.
El defensor del pueblo o de las audiencias se le ha conceptualizado como Ombudsman y es una figura alejada tanto del gobierno como de los dueños de un medio de comunicación. Debe ser autónomo y dentro de su currículum una formación de valores éticos y morales. Este último apunte se subraya.
La propuesta del gobierno actual es conformar una comisión dependiente del gobierno (Instituto Federal de Telecomunicaciones) para que decida quién está al margen de la veracidad. Opinión que se percibe ya viene sesgada; no es imparcial por su pertenencia.
Los lineamientos propuestos de los Derechos de la Audiencia del gobierno actual, por ejemplo, en caso de que un locutor o colaborador llegara a decir una mentira, la sanción económica se aplicará al concesionario; cuando debería ser a la persona que emitió el comentario. Esto quiere decir, que el dueño del medio de comunicación se verá presionado u obligado a observar y escuchar a sus empleados e invitados, lo cual viola el artículo sexto donde se debe emitir cualesquier opinión, porque así es la libertad de expresión.
Ojalá participara una sociedad informada, no importa que esté politizada, porque lo que requiere la vida pública es la expresión de si misma. Es de esperarse que con el tiempo y el debate mismo nos vaya orillando a exponer argumentos. Esto es lo ideal.
Sino existe libertad de expresión, con todas las fallas que se puedan escuchar, nos alejamos de una democracia; lo contrario es un autoritarismo, luego dictadura y al final totalitarismo.