— “Trata de imponer una nueva narrativa sustentada en presunciones y lecturas parciales”, dice el también ex delegado de la FGR en Guerrero
— Se utiliza de manera sesgada el testimonio de “Juan” o “El Gil”, testigo colaborador y uno de los principales líderes de Guerreros Unidos (GU)
Rogelio Agustín
El ex titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de contaminar enrarecer las investigaciones realizadas durante casi 12 años en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con la intención de imponer una nueva narrativa en el caso Iguala, la cual aseguró, está “sustentada en presunciones y lecturas parciales”.
La jornada del lunes 13 de julio, el abogado Blanco Cabrera difundió un comunicado en su calidad de ex procurador de Justicia del estado de Guerrero para manifestar su rechazo “de manera categórica y fundada”, ante la recomendación 208VG/2026 de la CNDH pues consideró que tiene vicios de origen, sesgo metodológico y falta de exhaustividad.
Recordó que la actual administración de la CNDH reformó su Reglamento Interno sin tener un Consejo Consultivo instalado, abrió un expediente viciado y con un proceso unilateral, sustituyó el seguimiento debido a la recomendación de 2018 por un “nuevo” pronunciamiento.
Dicha irregularidad, asegura que contamina el análisis y habilita conclusiones sostenidas en presunciones y lecturas parciales.
A conveniencia, el testimonio de “Juan” o “El Gil”
En el comunicado, el abogado Blanco Cabrera sostiene que “el corazón” del documento emitido por la CDNH actual, descansa en un criterio asimétrico, mismo que otorga valor probatorio selectivo al testimonio del testigo colaborador conocido como “Juan”, que en realidad es Gildardo López Astudillo, uno de los integrantes más encumbrados del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos (GU) y en consecuencia, de los principales perpetradores de los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.
La CNDH le da toda la credibilidad al testimonio de “Juan” o “El Gil” cuando acusa a las autoridades locales, pero se relativiza o ignora cuando alude a instancias federales, con especial referencia al Ejército Mexicano.
Asegura que la comisión actúa con una “doble vara” que carece de rigor jurídico, pues sostiene que la Fiscalía de Guerrero siempre se apegó al debido proceso, lo que se confirma con el hecho de que hasta el momento, ninguna de sus consignaciones ha sido invalidada por tortura o violaciones a derechos humanos, “a diferencia de lo ocurrido con detenciones federales”.
Indica que la solides del trabajo realizado por la Fiscalía de Guerrero fue corroborado por la anterior administración de la propia CNDH, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“De ser cierto lo que hoy afirma el aludido organismo nacional, la PGR hubiese dejado constancia al recibir la puesta a disposición correspondiente y en las certificaciones médicas correspondientes se hubiese aludido a ello”.
Recordó que en el terreno forense, tras las detenciones locales se localizaron fosas clandestinas en Iguala, en ese tenor, recuerda que peritos estatales, federales y el Equipo Argentino de Antropología Forense coadyuvaron en estudios de cronotanatodiagnóstico y genética, los que descartaron categóricamente que los restos encontrados fueran de los normalistas.
Se refiere a la hipótesis del supuesto intercambio de “80 indigentes” para hacerlos pasar por estudiantes de la Normal Rural, ante lo que señala que se trata de un planteamiento insostenible, pues no existen denuncias que la soporten y la tecnología de ADN imposibilita suplantar identidades.
“Nadie, en su sano juicio, habiendo colaborado o desempeñado tareas de procuración de justicia en asuntos relevantes de la historia reciente de nuestro país, propondría una sustitución de cuerpos, eso es absurdo, inconducente e inverosímil”, apunta.
Hace hincapié en el hecho de que las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía de Guerrero acreditaron la dispersión de los estudiantes en rutas distintas, premisa que aclara, “no necesariamente coincide en sus términos, con la tesis del basurero de Cocula y que ha sido retomada en informes oficiales”.
CNDH va contra todos
El abogado Iñaky Blanco Cabrera sostiene que hay en la recomendación de la actual administración de la CNDH, “un talante polémico, agresivo y difamatorio”, ya que desacredita o desconoce los trabajos, informes y resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la administración anterior de la propia CNDH y de la Comisión para la Verdad y la Justicia encabezada por el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez.
Incluso, anota que la CNDH llega a cuestionar la selección de los integrantes del GIEI, así como la calidad ética de sus expertos, sugiriendo antecedentes indebidos, y va más allá pues “insinúa —de forma inédita y sumamente grave— acciones irregulares de Encinas, relativas a pagos a testigos o partícipes y al uso de materiales probatorios a conveniencia para responsabilizar al Ejército”.
Blanco refiere que afirmaciones como las de la actual CNDH exigen soporte probatorio idóneo y verificable; el cual de no existir solo enturbian el caso y estigmatizan a un actor político, lesionando el derecho a la verdad.
De acuerdo con el ex fiscal, Derechos Humanos nacional descalifica la asistencia que, desde 2014, han brindado organismos no gubernamentales de derechos humanos a madres y padres de los normalistas, atribuyéndoles intereses ajenos al esclarecimiento, “como si la defensa de víctimas fuese incompatible con la búsqueda de la verdad”.
Otro aspecto que considera importante destacar, es que los videos del C4 de Iguala fueron recuperados por la Fiscalía de Guerrero, que los resguardó y difundió como material útil con cadena de custodia, además de que se abrió una investigación contra el funcionario que no formalizó algunas entregas.
Encontraparte, “la CNDH omite o minimiza el informe integral de la procuraduría de Guerrero, así como la numeralia que sustenta la intervención de la instancia local, pero sobredimensiona el dicho “mutable” de un testugo colaborador, que en todo momento muestra su orientación encaminada a diluir su responsabilidad.
En su caso personal, destacó que en seis ocasiones se ha presentado a declarar sobre el tema, lo mismo ante autoridades ministeriales que ante comisiones legislativas, creadas específicamente para dar seguimiento al caso.
“Incluso se solicitó y canceló una orden de aprehensión en mi contra por falta de sustento, lo que evidencia escrutinio real y mi disposición permanente para el esclarecimiento de los hechos. No hay que olvidar que la consignación en mi contra se hizo con sustento en el testimonio singular y de oídas de un delincuente, quien, por el contrario, es uno de los principales perpetradores de la desaparición de los estudiantes y a la fecha ha sido reaprehendido”, anotó.
CNDH contamina y enrarece el caso
En el comunicado de este lunes, el ex fiscal Iñaky Blanco se pregunta ¿A quién beneficia un pronunciamiento de tal naturaleza? Pues más que ayudar a resolver un hecho que laceró la historia de Guerrero, “parece contaminar y enrarecer el proceso, y revictimiza a quienes han sufrido directamente”.
Por esa razón, exigió o que se evalúen con rigor las primeras diligencias estatales, el peso de la evidencia científica y el valor real de los testimonios, para que en este caso, la política no vuelva a imponerse sobre la justicia, pero además, para que las víctimas reciban respuestas fundadas, no narrativas.
Apuntó: “¡Los tiempos actuales no admiten la generación de espacios para la ineptitud”.
De acuerdo con el abogado, es claro que cuando el derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en agravio de la verdad y la justicia, lo que se debe cuidar que no suceda.