— La Asociación de Hoteles y Moteles en Chilpancingo señala que las modificaciones presionan a pequeñas empresas y fomentan la informalidad
Rosario García Orozco
La presidenta local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Yamileth Payán Sánchez, advirtió que las recientes modificaciones constitucionales en materia laboral están generando condiciones que podrían llevar a diversas empresas a cerrar operaciones o migrar hacia la informalidad.
La dirigente empresarial reclamó que las autoridades federales aprobaron estos cambios sin establecer previamente un diálogo con el sector productivo, lo que, aseguró, impidió construir acuerdos o medidas que permitieran amortiguar el impacto en las pequeñas empresas.
Señaló que estas disposiciones afectan particularmente a los empresarios de Chilpancingo, donde la actividad turística es limitada en comparación con otros destinos, lo que complica aún más cumplir con nuevas obligaciones fiscales y laborales.
Payán Sánchez consideró que decisiones tomadas sin consultar a quienes generan empleos formales pueden provocar un efecto contrario al esperado, como el crecimiento del ambulantaje y del trabajo fuera de la economía formal, fenómeno que —dijo— ya comienza a observarse tanto a nivel estatal como nacional.
Indicó que la asociación cuenta con 58 afiliados en la capital del estado, quienes actualmente enfrentan una fuerte presión financiera debido al aumento de responsabilidades fiscales y laborales, además de la ausencia de apoyos por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal.
A esta situación se suma la baja actividad turística en el estado. Mencionó que en Acapulco, de acuerdo con empresarios del sector, la ocupación hotelera se mantiene alrededor del 13 por ciento fuera de temporadas vacacionales, lo que también repercute en la economía del sector en la capital.
Ante este panorama, explicó que algunos hoteles han optado por aplicar esquemas conocidos como “días amigables”, mediante los cuales el personal trabaja solo algunos días de la semana y deja de percibir su salario completo, con el objetivo de evitar despidos o cierres definitivos.
La dirigente advirtió que esta situación precariza el empleo y afecta el ingreso de decenas de familias que dependen del sector hotelero, lo que refleja la fragilidad de la economía formal.
“El problema es que se asfixia a quienes sí pagan impuestos, seguro social y derechos laborales. Eso obliga a compactar plantillas, reestructurar personal y, en muchos casos, a que la gente busque sobrevivir en la informalidad”, expresó.
Yamileth Payán también lamentó que las políticas públicas en materia turística se concentren principalmente en proyectos específicos, particularmente en el puerto de Acapulco, dejando en desventaja a otras regiones del estado como la capital.