— Los magistrados que decidieron destruir los videos del 26 de septiembre permanecerán en el cargo tres años más, según el abogado Rubén Cayetano García
— La elección de jueces y magistrados debió ser este año, no en 2027, afirma
Rogelio Agustín
En las instalaciones de la Ciudad Judicial, un grupo de ciudadanos encabezados por el ex diputado federal Rubén Cayetano García calificaron la armonización constitucional aprobada en el Congreso del Estado como “un remedo”, ya que lejos de sancionar, premia a los magistrados que en 2014 ocultaron pruebas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los manifestantes inicialmente tenían considerado marchar de Ciudad Judicial hacia las instalaciones del Congreso local, pero ante los bloqueos realizados por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, decidierom realizar unicamente un mitin.
En el discurso pronunciado en el acceso principal a la sede del Poder Judicial, el abogado Cayetano García manifestó que hay una evidente reprobación a la decisión de aplazar para 2027 la elección de jueces y magistados, porque un reclamo de la población, es “abolir cuanto antes los provilegios de que goza la cúpula del Poder Judicial de Guerrero”.
Cayetano García refirió que la tras la reforma al Poder Judicial de la Federación, el país entró en una etapa de democratización de las tareas en materia de administración e impartición de justicia.
De manera inevitable, señaló que Guerrero fue impactada por la reforma federal, pues la entidad estaba obligada a ir a un proceso de armonización de su Constitución Política.
Sin embargo, la Reforma Judicial en local requería de un trabajo más consciente y profundo, dado que en esta parte del país se han registrado verdaderas atrocidades desde el Poder Público.
Recordó que la noche del 26 de septiembre de 2014, en un edificio del Poder Judicial de Guerrero se captaron imágenes relacionadas con la desaparición de un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sin embargo, lejos de contribuir con las investigaciones, quien estaba al frente, la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín decidió destruir dicho material.
“La población exigía una limpia del Poder Judicial Estatal, así como la elección de las personas que van a tomar parte del Poder Judicial, no nos podíamos permitir el lujo de posponer esa elección, porque estamos hablando del Tribunal que ocultó pruebas sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y que se mantenga impune, porque de ese es el tamaño del reconocimiento a la impunidad que padecemos los guerrerenses”.
Para el ex legislador federal, los integrantes del Poder Judicial en 2014 debieron ser objeto por lo menos de una investigación, con el resultado de por lo menos, destituir a toda la cúpula del mismo, “aunque en realidad deberían estar en la carcel”.
Lo que sucede, es que no solo se permite permanecer en el cargo a quienes formaron parte del ocultamiento de pruebas, tambien se les premia con la permanencia en el cargo y la asignación de un generoso haber del retiro, lo que debe considerarse como algo inadmisible.
Al permitir que los magistrados que ocultaron pruebas de los ataques del 26 de septiembre de 2014 permanezcan tres años más en el cargo, lo que se tuvo en Guerrero, de acuerdo con el ex diputado Rubén Cayetano, fue una acción encaminada a premiar a los magistrados que decidiron no ayudar al esclarecimiento de uno de los casos que mayor impacto ha tenido en el ánimo de la comunidad internacional, lo que sostiene, solo se puede calificar como un oprobio.