“El Estado debe recuperar la rectoría del transporte publico”, plantea el secretario de Gobierno de Guerrero

— La paralización de ciudades como Acapulco, Taxco y Chilpancingo deja en claro que las autoridades deben contar con los instrumentos para garantizar el servicio a la población
— Ludwid Marcial Reynoso Núñez señala que el marco legal vigente ha permitido la proliferación de vicios, como la concentración de concesiones en algunas familias y hasta la infiltración del crimen
— No se trata de afectar a los verdaderos trabajadores del volante, aclara
— Se necesita saber dónde están las concesiones, quienes las tienen y cómo dan el servicio

Rogelio Agustín

El Gobierno de Guerrero analiza la posibilidad de modificar el marco legal que regula al transporte público, para evitar que haya más casos de paralización del sector, como ha sucedido en los casos de Acapulco, Taxco y Chilpancingo, pero también para terminar con la concentración de concesiones y la infiltración de la delincuencia.

Ludwig Marcial Reynoso Núñez, secretario general de Gobierno, reconoce que los momentos de crisis vividos en tres de las cinco ciudades más importantes de la entidad, levan a la conclusión de que el Estado debe retomar la rectoría de un sector sumamente importante para la población.

Indicó que el esquema actual permite que haya situaciones irregulares, como la concentración de concesiones en unas cuantas personas, la disputa constante entre las organizaciones del gremio y hasta la intervención del crimen organizado.

Recordó que hay momentos en donde la delincuencia ha enviado a grupos de transportistas a realizar bloqueos y colocarse en contra de las autoridades, como sucedió en junio de 2023.

Pero ante las crisis de movilidad que se han presentado durante las primeras semanas del 2024, indicó que ya se trabaja en un estudio técnico que permitirá impulsar acciones que pueden modificar de fondo las reglas, lo que puede no gustar a muchos.

La reactivación en Chilpancingo ya debe ser total

El responsable de la política interna en la entidad refiere que en Chilpancingo se reconocen oficialmente 762 concesiones para unidades tipo urvan, en tanto que hay 809 taxis del servicio local.

Aunque juntas, urvan y taxis representan un parque de más de mil 571 unidades circulando en la capital de Guerrero, hasta este viernes 9 de febrero eran muy pocas las que se encontraban prestando el servicio.

Recordó que a partir del operativo conjunto puesto en marcha desde el lunes 5 de febrero, cuando se intensificaron los delincuentes, se logró la detención de 14 personas que podrían estar relacionados con los hechos.

Aunque destacó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), el hecho de que estas personas hayan tenido en su poder armas de fuego y droga, de manera evidente lleva a la autoridad a establecer su relación con los hechos de violencia.

“Los resultados son buenos”, insiste el secretario de Gobierno, por lo que insiste en que la reactivación para este lunes ya debería ser generalizada.

Inevitable, revisar quienes y dónde tienen las concesiones

En el quinto día de paralización del transporte público, Reynoso Núñez recuerda que en cada momento de crisis se generan oportunidades para las personas y las instituciones.

“Estamos en un buen momento para revisar el sistema de transporte en la capital, hemos aprendido también que otra parte de los problemas de tráfico se generan porque hay un exceso de unidades circulando en la zona centro, por eso ya encargamos que se revise cuál es la situación de las concesiones del transporte publico en Chilpancingo; queremos tener claro a quienes están otorgadas y la forma en que están operando”.

Indicó: “El estado debe retomar la rectoría en este tema; actualmente se trabaja a través de concesiones a particulares, pero debe haber un mínimo para que el Estado garantice el servicio en estos casos”.

Admitió que no se puede obligar a los choferes a salir a las calles si temen por su seguridad, pero entonces, el Gobierno debe de contar con las herramientas necesarias para dar solución a la sociedad.

“La gente necesita el transporte público y el Estado lo debe garantizar”, aseveró.

Recordó que tras la devastación provocada por el huracán Otis, el acabús fue el único que prestó el servicio gratuito, en cambio los concesionarios comenzaron a elevar sus tarifas al doble y hasta el triple, lo que provocó una gran cantidad de multas.

Bajo dicha circunstancia, explicó que el Gobierno debe saber en dónde están las concesiones del transporte y donde se ejerce el servicio.

Indicó: “Necesitamos tener un instrumento que nos permita hacer frente a este tipo de crisis, porque esas concesiones a veces se utilizan para estar en contra de las autoridades, incluso han sido presa también de los grupos de la delincuencia y necesitaos romper esas tendencias”.

Enfatizó: “Debemos cuidar que el transporte no esté en manos de la delincuencia”.

Hay familias que tienen hasta diez concesiones

Para el caso de Chilpancingo, anticipó que de no reactivarse al cien por ciento la circulación de las unidades durante el fin de semana, se tiene que considerar la posibilidad de un esquema similar al del Acabus, ya que se trata de un tipo de transporte más masivo y controlable, que permitiría al gobierno darle una respuesta a la sociedad.

Sostiene: “La gente necesita trasladarse, no podemos estar a la espera de que alguien quiera o no darles el servicio”.

A pregunta expresa, destacó que “hay casos donde familias completas tienen cuatro, cinco, seis y hasta diez concesiones”

La administración actual no ha entregado concesiones, pero señaló que en administraciones anteriores el tema se ha convertido en objeto de pugna entre las organizaciones del gremio, generan disputas en las que incluso llegan a involucrarse los grupos delictivos.

Aclaró que no se trata de afectar al auténtico trabajador del volante, pero hizo hincapié en el hecho de que el transporte debe servir a la sociedad, su propósito no es para que pequeños grupos se beneficien de la necesidad de los demás.

Advirtió: “No podemos estar más tiempo sin el servicio, la gente lo requiere y el Estado tiene la obligación, hay dos

Opciones; Creamos un organismo que nos ayude a prestar el servicio, o exploramos la posibilidad de liberarlo, como sucede en otros estados del país”.

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