Políticamente Incorrecto
Roberto Camps
En Guerrero, hablar de desarrollo implica reconocer una realidad compleja: las necesidades de las familias no se resuelven únicamente con grandes inversiones o proyectos de infraestructura. También requieren políticas públicas capaces de atender problemas cotidianos, abrir oportunidades y acercar servicios a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a ellos. Bajo esta perspectiva pueden analizarse distintas iniciativas impulsadas por el gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, particularmente en materia de salud, atención a las mujeres, turismo y conectividad comunitaria.
La dimensión de los desafíos sociales de Guerrero se aprecia con mayor claridad al revisar las cifras oficiales. De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del INEGI correspondiente a 2024, el 58.1 por ciento de la población guerrerense se encontraba en situación de pobreza, frente al 51.6 por ciento de Oaxaca y el 66 por ciento de Chiapas. La entidad ocupaba así el segundo lugar nacional en este indicador, una posición que refleja la persistencia de desigualdades históricas y la necesidad de fortalecer las políticas de desarrollo social.
El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la pobreza extrema, que alcanzó al 21.3 por ciento de los habitantes de Guerrero, cinco puntos porcentuales por encima de Oaxaca. A ello se suma que el 86.3 por ciento de la población presentaba al menos una carencia social. Estas cifras muestran que la pobreza no puede entenderse exclusivamente como insuficiencia de ingresos, sino también como dificultades de acceso a servicios y derechos fundamentales.
En este contexto, iniciativas como la Clínica de Neurodesarrollo, la renovación del equipamiento neonatal, la Tarjeta Violeta, los caminos artesanales y la diversificación de los destinos turísticos, se reconocen como intervenciones que atienden distintas dimensiones del desarrollo: salud, autonomía económica, conectividad y generación de oportunidades productivas. Su contribución dependerá de la cobertura que alcancen, su continuidad y los resultados que produzcan entre las familias.
La comparación con Oaxaca y Chiapas permite reconocer que Guerrero comparte con ambas entidades problemas estructurales de gran profundidad, pero también que las respuestas institucionales deben atender sus propias características territoriales y sociales. El reto para la administración de Evelyn Salgado Pineda consiste en conseguir que los proyectos impulsados se traduzcan en una reducción sostenida de las carencias y en mejores condiciones de vida, particularmente para las comunidades que han permanecido al margen de los beneficios del desarrollo.
Porque el desarrollo social no se mide solamente por las obras realizadas o los programas anunciados, sino por su capacidad para modificar una realidad en la que todavía más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Esa es la dimensión del desafío que enfrenta Guerrero y el criterio con el que deberán evaluarse los resultados de las políticas públicas.
La importancia de esta política radica en su concepción integral. Para muchas mujeres guerrerenses, particularmente aquellas que sostienen económicamente a sus familias, la capacitación, la continuidad educativa y el acceso a servicios pueden representar oportunidades para construir condiciones de mayor independencia. Su alcance deberá medirse no solamente por el número de beneficiarias, sino por los resultados que consiga en materia de formación, inserción laboral y mejoramiento de las condiciones de vida.
El desarrollo económico también plantea la necesidad de mirar más allá de los destinos turísticos tradicionales. Las iniciativas para identificar y desarrollar nuevos atractivos en municipios como Atoyac, Cutzamala, San Marcos y Tlapa abren una discusión importante sobre la distribución territorial de los beneficios del turismo. Guerrero posee una diversidad natural, cultural, gastronómica y artesanal que no se agota en sus playas ni en los centros vacacionales más conocidos.
La incorporación de otras regiones a la actividad turística puede generar oportunidades para productores, cocineras tradicionales, artesanos, comerciantes y pequeños prestadores de servicios. Sin embargo, para que estos proyectos tengan efectos duraderos, la promoción debe acompañarse de infraestructura, capacitación, conectividad y participación de las propias comunidades. El objetivo no debería limitarse a atraer visitantes, sino a conseguir que una mayor proporción de los ingresos permanezca en las economías locales.
En esa misma lógica se encuentran los caminos artesanales, cuya importancia trasciende la construcción de vías de comunicación. Un camino puede facilitar el traslado de productos agrícolas, reducir dificultades de acceso a servicios, mejorar la movilidad de las familias y abrir posibilidades para el comercio y el turismo comunitario. En regiones donde el aislamiento ha sido una condición persistente, la conectividad representa un componente fundamental de cualquier estrategia de desarrollo territorial.
Existe un elemento común entre estas iniciativas: la posibilidad de vincular la política pública con necesidades específicas de distintos sectores de la población. La salud especializada responde a preocupaciones familiares; los programas dirigidos a mujeres buscan ampliar oportunidades; los nuevos destinos turísticos pretenden diversificar las fuentes de ingreso, mientras que los caminos artesanales y la promoción de la plata relacionan infraestructura, cultura y desarrollo económico.
Al final, el verdadero alcance de una política pública no se encuentra solamente en la dimensión de sus anuncios, sino en los cambios que produce en la vida cotidiana. Una familia que recibe atención médica especializada sin recorrer largas distancias, una mujer que adquiere herramientas para mejorar sus ingresos, una comunidad que consigue comercializar sus productos o un artesano que encuentra nuevos compradores representan formas concretas de medir el desarrollo.