— Autoridades aseguran que trabajan para erradicar esa práctica
Rosario García Orozco
Aunque se han registrado avances en la prevención de matrimonios forzados de niñas en las comunidades indígenas de Guerrero, esta práctica todavía persiste, reconoció el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), Abel Bruno Arriaga.
El funcionario explicó que las normas y costumbres comunitarias no pueden estar por encima de los derechos humanos ni de la dignidad de las mujeres, como lo establece el artículo segundo constitucional.
Señaló que algunas instituciones comunitarias han comenzado a modificar sus reglamentos internos para prohibir y sancionar estas prácticas. Como ejemplo, mencionó a la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que ya incorporó disposiciones para impedir los matrimonios forzados de niñas dentro de su territorio de jurisdicción.
Indicó que han conocido dos casos en los que inicialmente se responsabilizaba a las autoridades comunitarias de promover estos matrimonios, pero posteriormente se identificó que eran los propios padres, en un caso la madre y en otro el padre, quienes pretendían casar a las menores.
Advirtió que tanto los padres y madres como las personas que intervengan en estas prácticas pueden enfrentar consecuencias legales, pues los matrimonios forzados constituyen un delito.
Bruno Arriaga reconoció que no cuentan con cifras precisas sobre la incidencia de estos casos, aunque consideró que actualmente son menos frecuentes y visibles que en décadas anteriores, particularmente antes de 2018.
Como parte de las acciones preventivas, informó que la dependencia realiza talleres de sensibilización para prevenir el patrimonio infantil en comunidades como Tlapa, Cochopa Grande, Iliatenco y Malinaltepec, donde se promueve el respeto a los derechos de la niñez.
Adelantó que para diciembre se proyectan capacitaciones en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán, dirigidas a autoridades comunitarias y responsables de seguridad.
Consideró necesario profundizar la reforma de las instituciones comunitarias, así como modificar la Ley Orgánica del Municipio y los bandos de Policía y Buen Gobierno, para fortalecer la protección de niñas y mujeres y garantizar su participación en la vida comunitaria.