— Diputados del PVEM, PRI y Morena plantearon preocupaciones por la seguridad en el proceso electoral 2026-2027, las protestas sociales y el rezago en comunidades de Guerrero
Rosario García Orozco
Durante la ronda de preguntas y respuestas de la comparecencia ante el Congreso local, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, defendió el trabajo realizado durante los últimos tres años al frente de la dependencia y aseguró que su condición administrativa no ha limitado su capacidad para atender los problemas políticos y sociales de Guerrero.
Ante los cuestionamientos de diputados de distintas fracciones parlamentarias, la funcionaria sostuvo que ha mantenido una disposición permanente para escuchar, atender y resolver las demandas ciudadanas, aunque reconoció que existen problemas que no pueden solucionarse en uno o dos años.
«El hecho de ser encargada de despacho durante los últimos dos años no me ha limitado para externar mi férrea voluntad de servir, atender, escuchar y resolver», afirmó.
En su primera intervención, el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, solicitó que la Secretaría General de Gobierno adelante la instalación de la mesa de seguridad para el proceso electoral 2026-2027.
Argumentó que Guerrero enfrenta condiciones de inseguridad en distintas regiones, donde incluso existen dificultades para transitar y realizar actividades proselitistas, por lo que consideró necesario establecer con anticipación mecanismos de coordinación que garanticen condiciones de seguridad y libertad para los candidatos de todos los partidos políticos.
Por su parte, el priista Jesús Parra García cuestionó el formato de las comparecencias de los integrantes del gabinete estatal, al considerar que limita la rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos a conocer el estado que guarda la administración pública.
Calificó estos ejercicios como actos «protocolarios y descafeinados», debido a los tiempos reducidos que tienen los legisladores para formular preguntas y los funcionarios para responder.
También recordó que desde hace un año advirtió sobre la situación de interinidad en la Secretaría General de Gobierno, cuya titularidad permanece sin definirse formalmente desde el 14 de marzo de 2024, situación que calificó como una anomalía constitucional y un agravio institucional.
Mientras que la diputada panista, Irene Montiel Servín, cuestionó la estrategia para el retorno seguro, con calendario, para las familias desplazadas de Chilapa y de otras zonas de Guerrero, en que tiempo va a operar el Centro de Identificación Humana, con qué equipo y con qué presupuesto en 2027 y qué protocolo de protección se activa para periodistas y aspirantes de todos los partidos, tras el asesinato, en octubre, del aspirante a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Arturo Marín Mendoza.
Además pidió a López Vega que la Secretaría a su cargo, revise, corrija sus cifras y mida resultados, «porque lo que importa es el resultado de la acción», no solo la intensión.
En tanto, el diputado de Morena, Héctor Suárez Basurto, abordó el problema de los bloqueos carreteros y sus afectaciones a terceros, particularmente en Chilpancingo.
Preguntó si existe un protocolo preventivo para atender las demandas sociales antes de que deriven en cierres de vialidades, además de los mecanismos de coordinación con el Ayuntamiento capitalino para garantizar el libre tránsito y la posible construcción de vías alternas contempladas en el presupuesto de 2027.
También pidió conocer los avances de los acuerdos establecidos después del bloqueo del 12 de marzo de 2026 en la Autopista del Sol, protagonizado por comisarios y habitantes de 14 comunidades de la Sierra de Chilpancingo y Leonardo Bravo.
Entre los compromisos establecidos en aquella minuta se encuentran la pavimentación del tramo Omiltemi-Jaleaca de Catalán, rehabilitación de caminos rurales, abasto de medicamentos, reparación de redes eléctrica y telefónica, así como obras y servicios públicos para las comunidades.
En respuesta a los cuestionamientos, Anacleta López calificó como «movilidad historia» los bloqueos, que no pueden resolverse con una o varias reuniones, debido a que muchas demandas implican inversiones económicas importantes en infraestructura educativa, carretera y servicios públicos.
La funcionaria consideró que cerrar autopistas, calles y carreteras perjudica a la población que no participa en las protestas, al vulnerar derechos como la salud y el libre tránsito.
«Creo que no es la vía», expresó al referirse a los bloqueos utilizados como mecanismos de presión para obtener respuestas gubernamentales.
Sostuvo que su dependencia busca privilegiar la prevención y el diálogo, mediante reuniones en las que se revisen las necesidades reales de las comunidades, los costos y las posibilidades presupuestales para atenderlas.
Como ejemplo, mencionó una movilización en la que los manifestantes exigían 400 hectáreas de terreno para establecerse, una petición que, dijo, no podía resolverse durante el bloqueo, sino mediante un análisis sobre el número de personas beneficiadas y sus necesidades de vivienda.
Asimismo, informó que a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios se han realizado 54 mesas de trabajo y 67 audiencias agrarias, mediante las cuales, aseguró, se han resuelto conflictos que tenían entre 20 y 40 años sin solución.
Durante su intervención también respondió a cuestionamientos de la diputada Irene Montiel sobre la atención a familias desplazadas de Chilapa, a través del Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja, y aseguró que el gobierno estatal trabaja coordinadamente con la Federación.
Indicó que las familias que han regresado a sus comunidades reciben atención psicológica, económica, social y médica, además de apoyos alimentarios.
Sobre el Centro de Búsqueda de Personas, reconoció que concluyó la etapa de resguardo temporal, pero todavía está pendiente completar el mobiliario y el equipamiento para brindar atención integral a las familias.
Precisó que para este año la Federación destinó 26 millones de pesos para las acciones relacionadas con este proyecto y estimó que a principios del próximo año podrían contar con el mobiliario necesario.
Respecto a la protección de periodistas, explicó que la unidad estatal trabaja en coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección, instancia que proporciona las principales medidas de atención, mientras que el gobierno de Guerrero brinda acompañamiento.
En el caso de personas aspirantes a cargos de elección popular que solicitan protección, señaló que las peticiones se canalizan a las instituciones de seguridad y se mantienen reuniones de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Guardia Nacional y las fuerzas militares.
Al responder a la diputada Erika Lorena Lührs Cortés sobre su permanencia como encargada de despacho, López Vega rechazó estar aferrada al cargo y afirmó que continúa en la dependencia porque considera que está cumpliendo con la responsabilidad de atender a la sociedad, las organizaciones y las personas que solicitan audiencia.
«Por eso seguimos aquí, no porque esté aferrada a estar en la Secretaría General de Gobierno, sino porque creo que estamos sirviendo y estamos sirviendo bien», concluyó.