“El silencio no nos sirve”, reprocha panista a titular de Bienestar

— El PRI pidió evitar el uso de programas sociales para fines electorales

Rosario García Orozco

Durante la comparecencia del secretario del Bienestar de Guerrero, Pablo André Gordillo Oliveros, ante el Congreso local, las diputadas María Irene Montiel Servín, del PAN, y Beatriz Vélez Núñez, del PRI, cuestionaron los resultados de los programas sociales, la falta de información sobre el ejercicio presupuestal y advirtieron sobre el riesgo de que los apoyos gubernamentales sean utilizados con fines electorales rumbo a los comicios de 2027.

En el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la panista María Irene Montiel reprochó al funcionario estatal: «El silencio no nos sirve», enfatizó, y lamentó que por segundo año consecutivo, no respondiera a sus cuestionamientos y criticó que el informe de actividades de la Secretaría del Bienestar dedicara apenas 11 de sus 39 páginas a las acciones de los 14 programas que tiene bajo su responsabilidad.

Señaló que las otras 28 páginas corresponden a actividades del DIF Guerrero, por lo que pidió explicar el destino de los 730 millones de pesos reportados, cuántos programas fueron financiados con esos recursos, el número de beneficiarios y los resultados obtenidos.

La legisladora panista planteó que, si el DIF forma parte del informe de la Secretaría, el funcionario debe rendir cuentas sobre ese presupuesto; de lo contrario, consideró insuficiente que las actividades de 14 programas se hayan resumido en apenas 11 páginas.

“Solo hay dos posibilidades. Si el DIF es parte de su informe, usted responde por él: cuánto de esos 730 millones fue a cada programa, a cuántas personas llegó y con qué resultado. Y si no lo es, entonces el informe de la Secretaría de Bienestar cabe en once páginas, y once páginas no alcanzan para rendir cuentas de catorce apartados. Cualquiera de las dos respuestas nos sirve. Lo que no nos sirve es el silencio”, expresó.

En otro tema, Montiel Servín advirtió que, ante la proximidad del proceso electoral de 2027, Acción Nacional vigilará que los programas sociales no sean utilizados como instrumentos de promoción partidista, condicionamiento del voto o propaganda gubernamental.

Recordó que los apoyos sociales pertenecen a las y los guerrerenses y no a ningún partido político, por lo que consideró incorrecto que en el informe oficial se vinculen beneficios como los apoyos a periodistas y alimentarios con los principios de la Cuarta Transformación.

Le recordó que condicionar la entrega de programas sociales a cambio del voto constituye un delito electoral que puede castigarse con penas de prisión de dos a nueve años, mientras que utilizar sus beneficios para posicionar a un partido o servidor público durante el proceso electoral puede alcanzar sanciones de cuatro a nueve años, de acuerdo con las disposiciones legales que citó.

“La ley no la inventamos nosotros”, puntualizó.

Ante ello, anunció que el PAN estará atento a los padrones de beneficiarios, las fechas de incorporación y los eventos de entrega de apoyos, y que denunciará ante las autoridades electorales y la fiscalía competente cualquier irregularidad.

También pidió al secretario comprometerse públicamente a que ninguna tarjeta ni evento de entrega sea utilizado para solicitar votos, además de publicar los padrones de las tarjetas Violeta, Dorada y Joven, incluyendo las fechas de incorporación de cada beneficiaria.

“Los programas sociales se miden en familias atendidas, no en votos obtenidos”, sostuvo.

PRI cuestiona cobertura y resultados de los programas

Por su parte, la diputada del PRI, Beatriz Vélez Núñez, señaló que los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno reflejan retrocesos en materia de bienestar, pese a que los programas sociales deberían ampliar sus beneficios y llegar a las comunidades con mayores necesidades.

Durante su intervención en representación de su grupo parlamentario, cuestionó las estrategias de la dependencia para acercar los módulos de atención a las localidades de la Sierra y la Montaña, así como los mecanismos de coordinación con el sector Salud para garantizar que los centros médicos de los municipios donde se entregan apoyos cuenten con personal y medicamentos suficientes.

Uno de los programas que puso bajo la lupa fue la Tarjeta Joven, al señalar que, de acuerdo con el informe, se han afiliado 3 mil 166 personas de entre 18 y 35 años, mediante una red de 414 establecimientos.

Sin embargo, contrastó esa cifra con una estimación de 951 mil habitantes de ese rango de edad en Guerrero, basada en la estructura poblacional del Censo 2020, por lo que la cobertura del programa representa apenas el 0.33 por ciento de ese sector.

Asimismo, pidió aclarar el destino de más de 10 millones de pesos reportados en servicios profesionales especializados para supervisar y dar seguimiento a los programas sociales, así como para gestión administrativa.

Precisó que el informe contempla 6 millones 142 mil pesos para servicios profesionales y 4 millones 312 mil 937 pesos para gestión administrativa, por lo que preguntó cuántos padrones fueron actualizados, cuántas supervisiones se realizaron y qué mecanismos existen para verificar que los apoyos llegaron efectivamente a sus destinatarios.

Vélez Núñez también manifestó su preocupación por los indicadores de pobreza, al señalar que Guerrero ocupa nuevamente el segundo lugar nacional, situación que, dijo, representa un retroceso respecto a los avances que anteriormente se habían conseguido.

“Ya habíamos avanzado un peldaño, retrocedimos. ¿Qué hace falta, Secretario, para por lo menos mantenernos, si no ir mejorando? Porque la idea es precisamente mejorar, ya no retroceder”, cuestionó.

La priista sostuvo que para alcanzar mejores condiciones de vida no basta con entregar apoyos económicos, sino que es necesario fortalecer los servicios de salud, la educación y la generación de empleos formales que permitan a las familias alcanzar autonomía económica.

También consideró necesario que el Congreso autorice mayores recursos presupuestales para atender las necesidades de la población.

PRI también exige evitar uso electoral de apoyos

En su intervención de réplica, Beatriz Vélez definió la postura de su bancada como constructiva, pero firme, al ofrecer disposición para respaldar las acciones que permitan ampliar la cobertura de los programas y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Afirmó que el PRI reconocerá los resultados positivos, pero también señalará las deficiencias, porque su compromiso, dijo, no está relacionado con los colores de un gobierno, sino con las necesidades de la población.

“No se trata solamente de entregar apoyos, sino de generar condiciones para que las personas puedan progresar, vivir con dignidad y construir un mejor futuro”, expresó.

Se sumó a los cuestionamientos de otras fracciones parlamentarias sobre el uso de los programas sociales durante el próximo proceso electoral y pidió al funcionario estatal garantizar que los apoyos no sean utilizados como instrumentos de promoción política.

“Solamente pedir que se respete lo que la propia ley señala. Únicamente eso, para que en el 2027 haya piso parejo para las y los guerrerenses”, concluyó.

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