Acusa diputada del PAN incongruencia en el Congreso de Guerrero por frenar auditoría externa

— Irene Montiel Servín cuestionó que la mayoría legislativa retirara del orden del día su propuesta para revisar el manejo financiero del Poder Legislativo
— Advirtió que aplazar la fiscalización hasta 2027 permitiría que se pierdan evidencias de posibles irregularidades

Rosario García Orozco

La diputada del PAN, Irene Montiel Servín, reprochó a sus compañeros legisladores la decisión de retirar del orden del día su propuesta para que se realice una auditoría externa al Congreso de Guerrero, con el propósito de transparentar el manejo de los recursos públicos y esclarecer presuntas irregularidades financieras detectadas durante el proceso de entrega-recepción.

En conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo, calificó de incongruente la postura de la mayoría de sus compañeros, particularmente porque, señaló, fue el propio presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, quien dio a conocer las anomalías, mientras que tres diputadas de Morena, presuntamente afectadas por el cobro de cheques con firmas apócrifas, presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Es una incongruencia y un cinismo que la verdad no entiendo por qué razón”, expresó al manifestar su sorpresa de que ahora sean los mismos legisladores que señalaron las irregularidades quienes eviten que se realice una revisión externa.

Consideró que, si los integrantes de la Jucopo reconocieron la existencia de posibles actos de corrupción, deberían respaldar la transparencia y no proteger a quienes pudieran resultar responsables.

Montiel Servín aclaró que desconoce los montos involucrados, debido a que, aunque forma parte de la Jucopo, no tiene acceso a la información financiera, la cual, afirmó, está en manos del presidente de ese órgano legislativo y del responsable del área administrativa.

Explicó que, de acuerdo con la información difundida públicamente, tres diputadas denunciaron que se emitieron cheques a sus nombres que posteriormente fueron cobrados, aunque dijo desconocer las cantidades y la identidad de todos los legisladores afectados.

La propuesta de retirar el asunto del orden del día fue respaldada por la mayoría, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, los legisladores del PRI y ella votaron en contra.

Ante los señalamientos de Badillo Escamilla sobre la supuesta ilegalidad de contratar un despacho contable externo, la legisladora panista sostuvo que su iniciativa no plantea la contratación de una empresa en particular, sino que correspondería a la Jucopo establecer los lineamientos para seleccionar al despacho encargado de la revisión.

Argumentó que que la Ley 468 de Fiscalización contempla la intervención de la Auditoría Superior del Estado cuando existen denuncias sobre posibles manejos irregulares durante el ejercicio fiscal en curso.

Por ello, cuestionó la postura del auditor superior, César París Peralta, quien, al ser consultado sobre una auditoría preventiva por el caso de los cheques, habría señalado que la fiscalización correspondiente a 2026 se realizaría hasta 2027.

“Dejarlo hasta 2027 es dejar que la evidencia envejezca”, advirtió, al considerar que posponer la revisión podría favorecer la impunidad frente a las presuntas irregularidades que actualmente se investigan.

La diputada también rechazó las críticas de que su planteamiento busca únicamente exposición mediática y sostuvo que la exigencia de transparencia no responde a intereses partidistas ni personales.

“Es un recurso del pueblo, es un recurso público y debe estar transparentado al cien por ciento”, afirmó.

Aseguró que no retirará su propuesta y que, al haber sido excluida del orden del día, deberá volver a incorporarse en los siguientes anteproyectos de sesión mientras ella no desista del acuerdo.

Añadió que la rendición de cuentas también debe esclarecer las inconformidades de trabajadores del Congreso, entre ellas presuntos adeudos de cuotas al ISSSPEG, pese a que las aportaciones correspondientes se descuentan quincenalmente de sus salarios.

Insistió en que la transparencia en el ejercicio de los recursos legislativos es una obligación frente a la ciudadanía y los habitantes de Guerrero.

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