— La diputada de Movimiento Ciudadano plantea convertir el Comité de Administración en un órgano colegiado y plural, con facultades de supervisión, fiscalización y contratación de auditorías externas
Rosario García Orozco
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, con el objetivo de reorganizar y fortalecer el Comité de Administración del Congreso, mediante una integración plural que garantice la participación equilibrada de los grupos parlamentarios y evite la concentración de decisiones sobre el manejo de lo los recursos públicos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora de MC advirtió que actualmente las decisiones políticas y financieras de mayor relevancia se encuentran concentradas en una misma figura dentro del Poder Legislativo, situación que, consideró, representa un riesgo institucional porque debilita los mecanismos de vigilancia y abre espacios a la discrecionalidad, la opacidad y posibles actos de corrupción.
Señaló que resulta preocupante que el Congreso de Guerrero haya sido ubicado por un organismo evaluador en el penúltimo lugar en materia de transparencia sobre el uso de los recursos públicos, por lo que consideró indispensable establecer reglas claras para la administración del del presupuesto legislativo.
Lührs Cortés explicó que su iniciativa plantea que el Comité de Administración se convierta en un órgano colegiado responsable de la dirección, planeación, distribución, ejercicio, control y supervisión de los recursos del Congreso, con representación de los grupos y representaciones parlamentarias, cuyos integrantes tengan voz y voto en condiciones de igualdad.
También propone que la presidencia y la secretaría del comité sean elegidas por sus propios integrantes, de manera que las decisiones se adopten mediante la deliberación colectiva y la responsabilidad compartida.
La diputada aclaró que no se trata de realizar señalamientos personales, sino de evitar que una sola persona tenga capacidad de decisión sobre recursos públicos sin los suficientes contrapesos institucionales.
En cuanto a la distribución de atribuciones, indicó que la Junta de Coordinación Política conservaría la conducción política y parlamentaria; el Comité de Administración asumiría la supervisión administrativa y presupuestaria de manera colegiada, mientras que la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos mantendría las funciones técnicas y operativas.
Sobre esta última área, señaló que el Congreso continúa sin contar con un titular formal, pues actualmente funciona con un encargado de despacho.
La iniciativa también contempla mecanismos para solicitar informes, dar seguimiento a auditorías, documentar acuerdos y contratar auditorías externas para revisar el ejercicio de los recursos públicos.
Al respecto, rechazó que la contratación de despachos externos represente una ilegalidad y sostuvo que nadie ha presentado el nombre de alguna empresa que se pretenda contratar, por lo que calificó como falsas las versiones en ese sentido.
En contraste, afirmó que las irregularidades deben investigarse cuando se trata de la expedición de cheques a nombre de diputadas, la presunta falsificación de documentos bancarios o la falta de información sobre el destino del presupuesto del Congreso.
La legisladora también hizo referencia a la importancia de los contrapesos institucionales, al recordar el debate generado en el Instituto Nacional Electoral por la concentración de facultades en su presidencia, y sostuvo que las decisiones colegiadas fortalecen la vigilancia y la rendición de cuentas.
Cuestionó que no se haya respetado un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para incluir en la sesión el punto de acuerdo presentado por la diputada Irene, que había quedado pendiente de la semana anterior.
Consideró que las mayorías parlamentarias no deben utilizarse para imponer decisiones que limiten la participación de otros legisladores y concluyó que la transparencia no puede depender de la voluntad de una persona, sino de instituciones con reglas claras y mecanismos efectivos de vigilancia.