— El Centro Minerva Bello informó que uno de los ejecutores materiales fue sentenciado a 20 años de prisión
Rosario García Orozco
A dos años del asesinato del sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” exigió a las autoridades profundizar las investigaciones para identificar a todas las personas que pudieran estar involucradas en el crimen, incluidos quienes presuntamente lo ordenaron o planearon.
En un comunicado difundido este lunes, la organización, que acompaña jurídicamente a las víctimas en coordinación con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, señaló que la justicia no puede limitarse a sancionar a los autores materiales, sino que debe esclarecer integralmente los hechos.
Informó que Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, al ser identificado como uno de los ejecutores materiales del homicidio ocurrido el 20 de octubre de 2024, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Sin embargo, precisó que la causa penal 73/2024, seguida contra Héctor N., continúa en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que podrán presentarse durante el juicio oral.
La continuación de la audiencia fue programada para el 17 de noviembre de 2026, a las 11:30 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cintalapa de Figueroa.
El Centro Minerva Bello indicó que en el expediente se han integrado nueve tomos con elementos de investigación, entre ellos peritajes digitales, registros telefónicos y testimonios.
Asimismo, pidió investigar la posible relación del crimen con la labor pastoral y de defensa de derechos humanos del sacerdote, las amenazas que recibió y el contexto de violencia que enfrentan las comunidades indígenas de Chiapas.
La organización también demandó garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y agentes pastorales.
Marcelo Pérez Pérez dedicó su ministerio al acompañamiento de comunidades vulnerables, la denuncia de la violencia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.
A dos años de su muerte, el organismo sostuvo que su memoria debe contribuir a transformar las condiciones que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos.
“No buscamos venganza. Exigimos justicia”, expresó el Centro Minerva Bello, al reiterar su llamado a evitar la impunidad y garantizar que se investiguen todas las responsabilidades que puedan acreditarse.
