— En Tula, de 80 familias solo dos están decididas a regresar
— En Xicotlán, solo cien policías comunitarios y sus familias regresaron
— La otra mitad de la población está en Coatzingo, pueblo que Jesús Plácido asegura, “está controlado por los ardillos”
— Sostiene que la alcaldesa de Chilapa se niega a dialogar porque está coludida con los agresores
Rogelio Agustín
A una semana del desplazamiento de familias en comunidades de la zona rural de Chilapa, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) reportó que solo dos de 80 familias han regresado a Tula, en tanto que la mitad de Xicotlán decidió no volver, el saldo es de seis víctimas mortales y seis personas heridas, entre ellas una mujer embarazada más dos bebes de uno y seis meses de nacidos.
Vía telefónica, Plácido Galindo sostiene que en más de 10 años de existencia del Consejo Indígena, hay un registro de por lo menos 80 activistas asesinados y 25 desaparecidos, por lo que insistió en la necesidad de que el Estado Mexicano haga lo necesario para desmantelar al grupo delictivo de “Los Ardillos”, a quienes se atribuye la incursión registrada del 9 al 11 de mayo en Tula, Xicotlán, Acauehuetlán y Alcozacán.
El dirigente sostiene que hasta antes del 6 de mayo, cuando iniciaron los ataques, en Tula había por lo menos 80 familias, de ellas solo 2 han decidido regresar.
El resto decidió moverse hacia otras regiones, en algunos casos hacia otros estados de la República.
En esa comunidad es donde se registró la quema de 23 casas, además de la comisaría y el Centro de Desarrollo Comunitario.
Este fin de semana se confirmó que en un domicilio ubicado cerca de la comisaría se localizó una camioneta calcinada con blindaje nivel 5.
Plácido Galindo admite que esa camioneta estaba a resguardo del CIPOG-EZ, pero aclara que ya no tenía utilidad: “Era una reliquia inservible que le quitamos a Zenén Nava (líder del grupo delictivode los Rojos, actualmente preso en el penal de Chilpancingo), porque ellos eran los que controlaban la zona, cuando nosotros llegamos nos dedicamos a liberar a las comunidades de ese grupo, luego llegaron los Ardillos”.
Admite que tras la destrucción del 9 de mayo, se pudieron encontrar “otras cosas”, pero aclara que se trata de elementos que le fueron decomisadas a pistoleros del grupo criminal que ahí estaba asentado.
Admite que Tula está en la posibilidad real de quedar convertido en un pueblo fantasma.
En el caso de Acahuehuetlán, que se ubica muy cerca de Alcozacán ya regresó la totalidad de los habitantes, aunque temen que una vez que se retire la fuerza de seguridad, el grupo delictivo realice otra operación.
La comunidad que enfrenta un serio proceso de división es Xicotlán, pues de sus habitantes la mitad eran policías comunitarios y de movieron hacia Alcozacán con sus familias.
Sin embargo, hay un grupo de cien personas que admite, no son parte de la organización y que durante la refriega tomaron rumbo hacia Coatzingo, pueblo que asegura, “está controlado por los Ardillos”.
Ellos, da por hecho que no van a regresar y que preferirán quedarse en el lado controlado por el grupo antagónico al CIPOG.
Las despensas no son la solución
Plácido Galindo admite que tras la violencia de cinco días, los refugiados en Alcozacán ya enfretaban estragos por la escasez de alimentos.
Sin embargo asegura que la entrega de despensas y víveres no representan una solución duradera al conflicto, como tampoco lo es la militarización de la zona.
“La vía correcta es que haya detenciones, que se aplique la ley para que el grupo delictivo quede desmantelado”, asegura.
Anota saldo de seis muertos y seis heridos
El dirigente sostiene que derivado de los hechos del 6 al 11 de mayo, el saldo que se tiene hasta el momento es de seis muertos con violencia, cinco varones y una mujer que fue atacada dentro de su vivienda, en Xicotlán.
También admite que prevalece el dato de seis personas heridas, cuatro adultos, entre ellas una mujer con tres meses de embarazo.
Indica además dos bebés de 1 y 6 meses de nacidos, el más pequeño con una herida de bala en el hígado.
Entendible, la negativa al dialogo de la alcaldesa de Chilapa
Respecto a la negativa de la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino para acudir a las mesas de dialogo por la paz, Plácido sostiene que ya anticipaba una respuesta negativa.
“Lo que pasa es que ella está coludida, es cuñada de Celso Ortega y desde que asumió el cargo se ha manejado con racismo hacia nuestros pueblos”.
Dijo que si la jefa de cabildo aceptara sentarse a dialogar, tendría que presentar un informe sobre los recursos millonarios que dejó de envíar a las 18 comunidades del municipio que se encuentran en territorio del CIPOG-EZ y de la CRAC-PF durante 2 años.
Indicó que cada año, por lo calidad se destinan en promedio de 2 a 3 millones de pesos para obras de infraestructura social, gobierno quien gobierne.
Como no quiere dialogar ni informar como ejerce el recurso público, dijo que lo más conveniente es que se investigue a la presidenta municipal.