En cinco días, comunidades del CIPOG-EZ fueron arrasadas por supuestos integrantes de Los Ardillos 

— Las hostilidades comenzaron la noche del miércoles 6 de mayo, para las 12:30 del lunes 11 ya estaban en Alcozacán, el principal bastión del Consejo Indígena y Popular
— Antes desplazaron a familias de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlan, utilizando drones con cargas explosivas y armas de grueso calibre
— Reaparece “Paz y Justicia” para obstaculizar el avance de las corporaciones y funcionarios del gobierno de Guerrero              

Rogelio Agustín

En cinco días, el grupo delictivo de Los Ardillos consiguió replegar a las guardias comunitarias del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG), que clama por la intervención del estado y la federación desde Alcozacan, pueblo de Chilapa que durante más de seis años se ha considerado como su principal bastión.

La noche del miércoles 6 de mayo, los pobladores de Tula, comunidad ubicada a escasos cinco minutos del crucero del Jagüey, reportaron los primeros ataques de una campaña violenta que se recrudeció en pocas horas.

Primero se alertó sobre disparos desde los cerros, lo que ya se ha vivido en años anteriores, pero que generalmente se realizan de manera aislada y tras los recorridos que realiza el personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía del Estado (PE) que permanecen en la zona, terminan por replegarse sin que se escale a más.

Pero en esta ocasión los ataques no cedieron, continuaron el jueves 7 en Tula y para el viernes 8 ya se dejaron sentir también en Xicotlán, que se ubica en la línea carretera que lleva hacia el vecino municipio de José Joaquín de Herrera.

Los ataques involucraron el lanzamiento de explosivos desde drones

El viernes 8, Jesús Plácido Galindo, vocero del CIPOG-EZ advirtió que ya se utilizaban armas de uso exclusivo y drones con cargas explosivas, pero reconoció que todavía las detonaciones no llegaban a las casas de la comunidad.

Ese día, el gobierno de Guerrero a través del subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros dio a conocer que ya se habían realizado algunos recorridos en las comunidades atacadas, aunque manifestó que no se encontraron indicios de que hubiera un enfrentamiento frontal con los pobladores.

El funcionario comentó que lo confirmado hasta ese momento eran detonaciones desde los cerros, pero aseguró que cuando el personal institucional se acercaba, los agresores optaban por retirarse.

No había expresión de preocupación, pues durante varios años dicha práctica ha sido recurrente.

Además, dijo que en la zona hay por lo menos cinco bases de operaciones con personal suficiente para inhibir cualquier confrontación. 

De hecho, recordó que el actual gobierno, tiene el logro de haber pacificado la zona durante más de dos años, luego de que encontrara la zona sumergida en una confrontación constante.  

Desplazadas en pleno Día de la Madre

Pero el sábado 10 de mayo la intensidad de los ataques se incrementó, ya que lejos de alejarse ante la presencia de policías, militares y Guardia Nacional, los agresores se acercaron a las casas de Tula y lanzaron contra ellas cargas explosivas desde drones.

La se replicó de manera simultánea en Xicotlán y Acahuehuetlán, por lo que temerosas, decenas de familias optaron por salir de la zona para buscar refugio en un lugar seguro.

Los mismos pobladores grabaron a sus vecinos, enfocando principalmente a las madres de familia caminando entre los cerros en brechas, sin pertenencias y llevando a sus pequeños hijos de la mano, algunos de ellos todavía en brazos.

Las mujeres relataron en algunos videos colgados en internet, que varias casas fueron abandonadas cuando estaban en llamas, en tanto que los disparos ya habían matado a varios de sus animales de crianza.
El CIPOG-EZ reportó entre 800 y mil desplazados, los que llegaron a la comunidad de Alcozacán para resguardarse.

Desde ahí lanzaron peticiones de auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El gobierno de Guerrero anunció el envío de refuerzos para el Ejército, la GN y la Policía del Estado, pero un grupo numeroso de “Paz y Justicia” se plantó en el crucero del Jagüey, paso obligado para llegar a los pueblos atacados, de tal manera que el personal institucional no pudo avanzar.

Incluso, el subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros intentó pasar para Alcozacán con la intención de dialogar con los desplazados, pero Severino González, coordinador de “Paz y Justicia” se negó a permitir su avance.

Molesto, el funcionario regresó con la comitiva gubernamental hacia el crucero conocido como “Los Ajos”, donde grabó un video para ratificar su disposición al dialogo, pero haciendo hincapié en la necesidad de apegarse a lo que establece la ley.

Rodríguez Cisneros hizo un llamado a las autoridades municipales de Chilapa para incorporarse al esfuerzo encaminado a pacificar la zona.

El funcionario admitió que había desplazados por la violencia en Tula, Xicotlán y Acahuajuetlán, pero aclaró que solo era 96 y que pertenecían a por lo menos 70 personas.

Rechazó que fueran 800 las familias que abandonaron sus pueblos por la violencia, por lo que llamó a no generar desinformación.

Reconoció que solo en Tula había 20 viviendas impactadas por la violencia, pero aclaró que hasta entonces, no había pérdida de vidas humanas ni personas heridas.

Marcan la hora en que los agresores entraron en Alcozacán

En un video colgado en redes, un integrante del CIPOG, rodeado por niños desplazados informó que a las 12:30 horas del lunes 11 de mayo, un grupo de hombres armados, integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos ya se  estaban apoderando de Alcozacán, el principal bastión del Consejo Indígena Popular.

En la imagen se ve a un hombre rodeado de niños, quienes lloran mientras piden auxilio para evitar que los agresores avancen hasta el lugar en que se ubican los desplazados.

Para entonces, el gobierno de Guerrero había difundido varias imágenes en las que se observa el sobrevuelo de un helicóptero de La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), saltando así el cerco humano instalado por Paz y Justicia.

En solo cinco días, los ardillos parecían llegar hasta el centro de Alcozacán, comunidad en donde se ha resguardado desde 2020 la principal guardia comunitaria del CIPOG.

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