— “Hay capacidad, pero no voluntad para todos”, señalan familias buscadoras
Rosario García Orozco
El colectivo Guerrero No + Desaparecidos cuestionó la respuesta del Estado mexicano ante casos de desaparición, al señalar una “reacción selectiva” que privilegia a funcionarios públicos, mientras miles de ciudadanos permanecen sin atención ni justicia.
Lo anterior, tras el reciente secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, hecho que derivó en un despliegue inmediato de fuerzas federales, estatales y operativos de inteligencia con el desplace de 500 efectivos, que permitieron su localización de ambos en pocas horas.
El colectivo señaló que este caso evidencia que el Estado sí cuenta con capacidad operativa, recursos y coordinación institucional para atender desapariciones, pero cuestionó por qué dicha respuesta no se replica en los más de cien mil casos de personas desaparecidas en el país.
“Cuando hay voluntad política, sí hay respuesta. El problema no es la eficiencia del Estado, sino su selectividad”, denunciaron.
Las familias buscadoras acusaron que, a diferencia de estos casos, ellas enfrentan la búsqueda de sus seres queridos sin apoyo institucional, arriesgando su vida y realizando labores que corresponden a las autoridades, como rastreos en campo sin protección ni acompañamiento oficial.
Asimismo, advirtieron que esta desigualdad en la atención es parte de un problema estructural que se agrava con el contexto internacional, luego del reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual señaló que en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El colectivo criticó que la respuesta del gobierno federal haya sido descalificar dicho informe, en lugar de asumirlo como una oportunidad para atender la crisis.
“En un país donde encontrar a un alcalde moviliza helicópteros, pero encontrar a miles de desaparecidos moviliza solo a sus madres, el problema no es la falta de recursos, sino de prioridades”, insistieron.
Del mismo modo el colectivo exigió un cambio urgente en la política pública en materia de desapariciones y acusó omisión por parte del Estado ante una crisis que, aseguran, ya es inocultable.
