— El organismo parece más cercano al gobierno de la 4T que a las víctimas de dicho delito
Rogelio Agustín
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan cuestionó la postura que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asumió frente al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en torno al fenómeno de las desapariciones forzadas de perdonas, al considerar que actúa como un órgano al servicio del gobierno y no de la ciudadanía.
El CDHM recordó que el pasado jueves 2 de abril, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) solicitó al secretario General de la ONU, Antonio Guterres que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, en vista de que ha recibido indicios fundados de que en México se ha cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Manifestó que tomando como referencia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED fundó su petición manifestando que ha recibido información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se práctica de forma generalizada o sistemática en el territorio del Estado Mexicano.
En consecuencia, el organismo solicitó al Estado mexicano, toda la información pertinente sobre dicha situación, por lo que determinó llevar la cuestión, con carta de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el informe de la CED fue rechazado y calificado de tendencioso y falto de rigor jurídico por parte de las Autoridades Mexicanas, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancias que sostienen que no se toman en cuenta los avances que se han alcanzado desde 2018.
El Gobierno de México considera que el CED excede su mandato, al ampliar “indebidamente” el alcance de la desaparición forzada, por lo que se asegura que el Gobierno Mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas.
Se asegura que el marco utilizado por el comité de la ONU “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. Al respecto, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra arremetió contra las organizaciones civiles, a las que acusó de manejar información tendenciosa y manipulada.
En esa parte Tlachinollan sostiene: “Su postura está lejos de representar a las víctimas al erigirse en vocera de la 4T. Para la presidenta (Rosario Piedra) las desapariciones han venido descendiendo desde 2018, has prácticamente desaparecer”.
Tlachinollan destaca el hecho de que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González, aseguró que la decisión del CED es una oportunidad importante porque “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación, a fin de consolidar una política integral de Estado, para romper con los círculos de colusión, impunidad y desprotección.
Sin embargo, el domingo pasado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una postura contraria de la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México descalificó el documento del CED, para enseguida manifestar su respaldo a la postura de la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo, que rechazó y descalificó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
Tlachinollan sostiene que en su informe, el comité contra la Desaparición Forzada reconoce y acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Mexicano, al grado que ha remitido el marco jurídico e institucional mexicano como ejemplo positivo para otros Estados.
Sin embargo, también señala que dichos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces, y que no han permitido contrarrestar las tendencias continuas, como el aumento constante del número de personas desaparecidas; la falta de avances efectivos en la búsqueda y la investigación de la mayoría de los casos denunciados; más el ocultamiento de la información; la impunidad casi absoluta de los perpetradores.
Aseguró que existe una alarmante crisis forense y falta de apoyo a los familiares que luchan para buscar a sus seres queridos.
