— La abogada Blanca María Estrada Ortega fue visitadora del TSJ, no subprocuradora de justicia cuando su registraron los ataques contra los normalistas rurales
— En 1995 fue investigada por el caso Aguas Blancas, sin embargo fue exonerada
Rogelio Agustín
La abogada Blanca María del Rocío Estrada Ortega fue visitadora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no subprocuradora, como se ha manejado en diferentes medios, a partir de su detención por la probable vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la ex funcionaria está aparentemente relacionada con la pérdida de videos captados por cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
Dichas cámaras habrían captado el momento en que policías de Tepecoacuilco y Huitzuco de los Figueroa interceptaron y bajaron de un autobús a por lo menos 15 estudiantes, de los que hasta el momento se desconoce el paradero.
Las imágenes de ese momento fueron requeridas, pero la ex presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín habría decidido su destrucción, bajo el argumento de que solo se podían ver algunas manchas borrosas.
La ex visitadora fue detenida el pasado 10 de marzo con una persona más, como resultado de un cateo practicado en su domicilio, ubicado en la colonia Jardín Balbuena, Ciudad de México, donde se encontraron 24 cajas de medicamentos de uso controlado (posesión de psicotrópicos/delitos contra la salud) y cinco cartuchos (posesión de material de uso exclusivo del Ejército).
Sin embargo no se localizaron los videos en cuestión, siendo ello lo que propició que el 18 de marzo pasado, la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sujetará a prisión preventiva oficiosa a las imputadas, quienes tienen 73 y 83 años de edad, y padecen hipertensión, hipotiroidismo, lesiones cervicales y fracturas diversas.
Lo anterior, a pesar de que la defensa solicitó una «excepción» a la citada medida cautelar, para efecto de que se decretará prisión domiciliaria en razón de la edad avanzada, así como el precario estado de salud de las encausadas.
Se anota que Blanca María del Rocío Estrada se desempeñó como agente del Ministerio Público Estatal en 1995, durante la administración del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en ese tiempo fue investigada por su probable participación en el caso «Aguas Blancas», pero también es necesario destacar que de ese hecho resultó completamente absuelta.
En este caso, la ex colaboradora del TSJ está vinculada con la pérdida de material de video referente a la desaparición de los normalistas se Ayotzinapa, dado que, supuestamente, interactuó con la hoy ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín en momentos previos al de la toma de la decisión de borrar la mencionada evidencia.
En consecuencia, está por determinarse su grado o calidad de participación, que puede ser motu propio o en auxilio y en nombre de otro.
Pese a la destrucción de los videos, la intercepción de los normalistas se conoció
Sobre este aspecto de las investigaciones, es importante recordar que desde abril de 2016, la anterior administración de la CNDH, al dilucidar lo relacionado con la desaparición de 15 a 20 normalistas que fueron sustraídos del autobús 1531, el cual fue interceptado en la carretera Iguala-Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia de Iguala, cuestionó la no entrega, ocultamiento, borrado, desaparición o destrucción de los videos tomados por las cámaras instaladas en dicho inmueble.
La desaparición del material fue atribuido a técnicos de informática, pero también a la entonces Presidenta del TSJ, teniendo en cuenta que los videos pudieron haber captado las imágenes de los momentos en que un grupo de normalistas fue agredido y sustraído del autobús en que viajaba, y que constituían evidencia que pudo complementar las investigaciones desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos.
En ese tiempo la CNDH observó y recomendó, bajo propuestas concretas, investigar la inexplicable ausencia de los videos y la conducta injustificada, tanto de los técnicos como de la presidenta del TSJ.
Sin embargo, se enfatiza que la ausencia de los videos del Palacio de Justicia no fue obstáculo para que la CNDH descubriera lo que ocurrió en el escenario criminal del “Puente del Chipote”, específicamente la desaparición de 15 a 20 normalistas a manos de la Policía de Iguala y Huitzuco, con la participación de la Policía Federal y elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, entre otras corporaciones.
Es importante referir que las evidencias recabadas por la Oficina Especial Para el Caso Iguala, entre ellas lo expuesto por un testigo de identidad reservada, permitieron reconstruir o recrear el acontecimiento de referencia, incluso los diálogos y las actitudes de los perpetradores, situación que los “videos mudos” y “extraviados” no hubieran podido registrar.
En consecuencia, se anota que sin necesidad de los citados videos, la CNDH produjo una recreación con imágenes reales y animadas en tercera dimensión, a efecto de reconstruir la desaparición de un grupo de normalistas.
Dicho video tiene millones de reproducciones en la red y es el material videográfico al que han recurrido distintos medios de comunicación para ilustrar sus reportajes, con relación a ese aspecto de los hechos presuntamente registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.