— Hasta el momento van dos; uno en prepa 09 de la UAGro, el otro en la secundaria más tradicional de Chilpancingo
— La administración estatal admite que se pueden vulnerar los derechos de los alumnos
— Se respetan porque son decisiones de los comités de padres de familia
Rogelio Agustín
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros precisó que los “operativos mochila” que se han desarrollado en escuelas de Chilpancingo no son instrumentados por la administración estatal, ya que se trata de acciones decididas por padres de familia y maestros.
Rodríguez Cisneros habló sobre los mensajes colocados en tres planteles ubicados en Chilpancingo y uno más de Costa Grande, con situaciones que nunca fueron reales pero que generaron nerviosismo entre los padres de familia.
Esos mensajes, más problemas que se han presentado desde hace tiempo, como el acoso escolar de parte de algunos alumnos hacia sus compañeros, fue lo que motivó que sociedades de padres de familia decidieran tomar el asunto en sus manos.
El primer ejercicio de revisión de mochilas se desarrolló el martes 28 de abril, en el horario de entrada de la preparatoria 09 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), ubicada frente a la alameda Granados Maldonado.
El segundo tuvo lugar en la escuela secundaria Antonio I. Delgado, una de las que más población escolar tiene en la ciudad, la mañana del miércoles 29 de abril.
En el caso de los mensajes escritos en los baños, Rodríguez destacó que se trató de conductas indebidas cometidas por algunos alumnos, los cuales ya fueron identificados y sancionados conforme a los reglamentos internos de cada plantel.
Indicó: “Hay que dejarlo muy claro, no hubo amenazas, los jóvenes lamentablemente incurrieron en este tipo de prácticas”.
Explicó que tras la detección de los mensajes, fueron los propios docentes quienes reconocieron la letra de los estudiantes involucrados, lo que permitió ubicar a los responsables.
Rodríguez Cisneros reiteró que la postura institucional es no aplicar revisiones de mochilas, al argumentar que este tipo de medidas puede vulnerar derechos humanos si no existe consenso entre madres y padres de familia, aunque reconoció que se trata de decisiones tomadas por comités de padres de familia.