— En México 7 de cada 10 mujeres viven violencia: Irene Montiel Servín
Rosario García Orozco
Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de establecer una clara diferencia entre los tipos de violencia y modalidades en que se manifiesta.
Lo anterior permitirá una mejor articulación de las instituciones y una atención más precisa a cada contexto de agresión en contra de las mujeres.
La Comisión para la Igualdad de Género fue la encargada de realizar las modificaciones a partir de una propuesta presentada por la diputada Erika Isabel Guillén Román del PRD y fundamentada en tribuna por la legisladora petista, Leticia Mosso Hernández, presidenta de esa Comisión.
Mosso Hernández consideró que la homologación es necesaria debido a que la violencia contra mujeres y niñas se presenta en múltiples formas y ámbitos, “por lo que se requieren respuestas integrales, coordinadas y diferenciadas que incluyan acciones de prevención, atención, sanción y reparación del daño, bajo una perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”.
Sostuvo que, aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya establece la diferencia entre tipos de violencia —como las formas específicas de agresión— y modalidades —los contextos en que ocurren—, aún existen imprecisiones que generan confusión en su interpretación y aplicación, lo que puede generar ambientes de injusticia en los procesos judiciales.
Debido a ello, pueden generarse criterios dispares entre las autoridades responsables, debilitando la eficacia de las acciones institucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva.
Con estas reformas, se modifican las fracciones XXII y XXIII del artículo 5, se adiciona la fracción XXIV al mismo artículo, además de ajustes a la denominación del Capítulo I del Título Tercero y al artículo 9 de la Ley 553, con lo que se busca fortalecer el marco legal y mejorar su operatividad en beneficio de las mujeres en el estado.
Al respecto, la diputada panista Irene Montiel Servín sostuvo en tribuna que “el feminicidio no es una estadística. Es la evidencia más dolorosa del fracaso del Estado. Y hoy, ese fracaso tiene responsables. México vive una crisis de violencia contra las mujeres: 7 de cada 10 han sufrido violencia. En 2025, 732 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Y solo 1 o 2 de cada 10 casos llegan a la justicia”.
Agregó que es correcto avanzar hacia una Ley General que homologue criterios, “es necesario ordenar el marco jurídico. pero también es cierto que: el régimen ha gobernado con discursos, no con resultados. Porque mientras aquí se reforman leyes: allá afuera las mujeres siguen siendo asesinadas. Las fiscalías siguen sin investigar correctamente. Y la impunidad sigue siendo la regla”.
Y exigió que las investigaciones de esos casos sean claras, efectivas y que no se oculten o maquillen las cifras.
Mientras que la fracción parlamentaria del PRI, en voz de la diputada Pilar Vadillo Ruiz calificó la reforma como un paso firme hacia la consolidación de un Estado que asume con responsabilidad su deber de garantizar justicia frente a la violencia estructural que históricamente ha afectado a las mujeres.
Sostuvo que respaldar esta reforma no es solo un acto legislativo, sino una postura ética y política frente a una crisis nacional, “es reconocer que la violencia feminicida no puede seguir tratándose como un fenómeno aislado o local, sino como un problema estructural que exige una respuesta coordinada, uniforme y contundente desde el Estado mexicano”.
Mientras que la diputada perredista Rebeca Núñez Martín del Campo, al fijar posicionamiento de su bancada mencionó que sus compañeros estaban a favor de la reforma por considerar que representa un avance necesario, “aunque insuficiente frente a la magnitud del problemas.
También la legisladora perredista lamentó que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las deudas más profundas del Estado mexicano, al advertir que “cada feminicidio no es únicamente un delito, es la expresión más extrema de una falla estructural que ha permitido que la violencia de género se reproduzca, muchas veces con impunidad”.