— En los campos de labor de otros estados y países son vulnerados en sus derechos humanos
Rosario García Orozco
El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero, Abel Bruno Arriaga, reconoció que algunos jornaleros agrícolas de la entidad que migran hacia el norte del país son violentados en sus derechos humanos y laborales.
Explicó que esa situación la padecen principalmente quienes viajan sin acompañamiento institucional, ya que se exponen a abusos laborales y situaciones de inseguridad.
Dijo que a pesar de la coordinación entre las dependencias para brindar acompañamiento a los trabajadores del campo, desde su registro, traslado y seguimiento, hay un número importante de jornaleros que decide migrar por su cuenta, principalmente a través de intermediarios conocidos como “enganchadores”, lo que incrementa su vulnerabilidad.
El funcionario estatal mencionó que durante el último año, por lo menos 13 mil jornaleros agrícolas migraron hacia los estados del norte del país en busca de mejores condiciones de vida.
Lamentó que a pesar de los esfuerzos institucionales hay un número importante de quienes no cuentan con garantías básicas durante el traslado ni en los centros de trabajo, por lo que han sido víctimas de asaltos, malas condiciones laborales e incluso agresiones físicas.
Bruno Arriaga comentó que algunos de los incidentes más graves registrados anteriormente ocurrieron precisamente a grupos que no estaban inscritos en los mecanismos oficiales de acompañamiento.
Sostuvo que si bien es cierto dependencias como la secretarías del Trabajo y de Migrantes concentran los registros formales, también lo es que hay organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que estiman que miles de personas migran cada año en busca de empleo agrícola, muchas de ellas provenientes de comunidades indígenas de La Montaña.
Informo que cuando los jornaleros son contratados bajo el esquema de regulados, los empleadores están obligados a garantizar condiciones como vivienda digna, acceso a servicios de salud y educación para las familias completas que se trasladan.
Condiciones que no siempre se cumplen cuando el traslado se hace fuera del control institucional.