— En un foro nacional autoridades reconocen rezagos y prometen avances en políticas públicas
Rosario García Orozco
En el inicio del foro “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas jornaleras agrícolas”, realizado en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en la Ciudad de México, el pasado 16 de abril, trabajadoras del campo, autoridades y organizaciones civiles coincidieron en la urgencia de garantizar derechos laborales básicos a este sector históricamente marginado.
Durante el encuentro, seis jornaleras provenientes de Guerrero, Baja California, Sonora y Sinaloa expusieron las condiciones de precariedad en las que laboran dentro de la agroindustria, así como las omisiones del Estado mexicano en materia de seguridad social.
Así lo informó la organización defensora de los derechos humanos Tlachinollan en su página de facebook, donde mencionó que Sara, originaria de la Montaña de Guerrero, resumió la situación con una frase contundente: “como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es tiempo de la mujer indígena, pero no sabemos cuándo va a llegar a la Montaña”, se quejó.
En su testimonio, relató una vida marcada por la migración y el trabajo agrícola sin garantías: “Soy inmigrante desde que nací, el patrón no nos da el seguro social. Nos registra unos meses y luego nos da de baja”.
Narró también las complicaciones que enfrentan las jornaleras migrantes de las comunidades indígenas de La Montaña ante la falta de atención médica para sus hijos.
De acuerdo con datos expuestos en el foro, en México existen más de 2.6 millones de jornaleros y jornaleras, de los cuales el 90 por ciento no está afiliado a la seguridad social y siete de cada diez no tienen acceso a servicios de salud, según cifras del Inegi presentadas por Pedro Kumamoto, secretario general de la CISS, y sostuvo que el modelo actual de los jornaleros ha sido construido desde una visión centralista, urbana y excluyente del trabajo agrícola.
Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Luisa Obrador Garrido Cuesta destacó el compromiso de cumplir con la incorporación de personas trabajadoras del campo en línea, con el compromiso 63 anunciado por la presidenta el 1 de octubre de 2024.
Informó también que se han implementado módulos informativos y brigadas territoriales para promover los beneficios del aseguramiento, incluyendo servicios médicos, maternidad, guarderías y prestaciones económicas.
A su vez, Alejandro Salafranca, de la Secretaría del Trabajo, reconoció que la informalidad laboral en el sector agrario supera el 80 por ciento, y planteó que el reto no es combatirla directamente, sino hacer más atractiva la formalidad mediante mejores salarios y beneficios como las reformas en pensiones.
Desde la sociedad civil, Alejandra Haas Paciuc, directora de Oxfam México (Organización creada para combatir la poblreza, la desigualdad y la injusticia, que opera en 90 países del mundo), advirtió que persisten décadas de rezago en la atención a las personas jornaleras, especialmente mujeres, quienes enfrentan mayores niveles de exclusión. Señaló que el 86.6 por ciento de ellas sigue sin acceso a seguridad social, lo que agrava las desigualdades estructurales.
En la misma línea se pronunció, Rogelia González Luis, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien subrayó que la migración de mujeres indígenas responde a contextos de pobreza, violencia y falta de oportunidades, enfrentando en los campos agrícolas jornadas extenuantes sin derechos laborales ni acceso al descanso.
El foro también evidenció la falta de estadísticas confiables para diseñar políticas públicas efectivas, así como la necesidad de articular esfuerzos entre gobierno, empresas y sociedad civil para garantizar condiciones dignas a quienes sostienen la producción alimentaria del país.
Las participantes coincidieron en que, pese a algunos avances institucionales, los desafíos siguen siendo profundos y urgentes, especialmente para las mujeres jornaleras indígenas que continúan “en el fondo de las montañas”, lejos del acceso pleno a sus derechos.
De acuerdo con la organización Tlachinollan cada año migran alrededor de 12 mil 500 jornaleros agrícolas desde Guerrero hacia campos agrícolas del norte del país.
