— La diputada Erika Lührs exhorta a los ediles de Iguala a respetar la legalidad y garantizar la transparencia
Rogelio Agustín
La representante parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Guerrero, Erika Lorena Lührs Cortés propuso un punto de acuerdo para exhortar al Cabildo de Iguala a retractarse de aplicar una “Ley Mordaza” que impida a sus síndicos y regidores informar a la población temas relacionados con el manejo de las finanzas y la asignación de contratos.
La diputada Lührs Cortés consideró necesario que el Cabildo de Iguala ajuste su actuación a la Ley Orgánica del Municipio Libre, privilegiando el interés ciudadano y el respeto al marco legal vigente.
Desde tribuna, la legisladora advirtió que las recientes modificaciones aprobadas al Reglamento Interior de Sesiones del Cabildo de Iguala, el pasado 9 de abril, podrían sentar un precedente negativo para la vida democrática del estado y sus municipios.
Lo anterior, porque dichas reformas limitan la difusión de información relacionada con obras públicas, finanzas y servicios municipales, además de contemplar posibles sanciones para regidores que incumplan con dichas disposiciones.
La diputada Lührs sostuvo que dichas medidas han sido calificadas como una “ley mordaza” por los integrantes del propio Cabildo, al restringir la posibilidad de informar a la ciudadanía y a los medios de comunicación.
También dijo que el nuevo reglamento prohíbe la grabación y difusión de las sesiones en plataformas digitales, lo que, a su juicio, vulnera principios fundamentales de transparencia.
Recordó que previamente propuso reformas para que las sesiones de Cabildo en todos los municipios fueran transmitidas en vivo, similar a las del Congreso del Estado. Sin embargo, señaló que autoridades municipales argumentaron limitaciones técnicas y presupuestales, lo cual consideró un pretexto inválido ante la disponibilidad de herramientas tecnológicas básicas.
Enfatizó que el Congreso tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del orden jurídico estatal y municipal, y que los ayuntamientos deben conducirse bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, pues son entes que han jurado respetar y hacer valer la ley.
Advirtió que las modificaciones al reglamento podrían contravenir los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República, así como estándares internacionales en materia de derechos humanos, al restringir el acceso a la información y la libertad de expresión.