— Frente de Abogados presenta una queja para que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad haga valer la ley
— Sino lo hace, el titular, Arturo Salinas puede ser denunciado ante la Contraloría, por omisión
— El abogado Carlos Marx Barbosa recuerda que el Congreso tiene una comisión de transportes, cuyos integrantes no han emitido ningún pronunciamiento
Rogelio Agustín
El dirigente del Frente Nacional de Abogados Democráticos (FNAD) en Guerrero, Carlos Marx Barbosa sostuvo que ya son tres días en que más de 400 mil usuarios del transporte público en Chilpancingo son objeto de un incremento tarifario ilegal, por lo que advirtió que debe aplicarse la suspensión de las concesiones a quienes han cometido dicha irregularidad.
De mantenerse inmóvil, señaló también que el director de Transportes, Arturo Salinas Sandoval puede ser objeto de una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría, por no cumplir con sus funciones.
El abogado Barbosa sostiene que el incremento tarifario en realidad se aplica desde el domingo 5 de abril, ya que ese día usuarios de la ruta Chilpancingo-Zumpango denunciaron que de manera unilateral, sin ningún tipo de autorización oficial los chóferes elevaron su tarifa, la cual tuvieron que pagar para no quedarse varados.
El lunes el alza se generalizó en todas las rutas de la capital de Guerrero, en donde se estima que hay un promedio de 400 mil usuarios cautivos.
El representante del FNAD sostuvo que antes de incrementar, los concesionarios debieron esperar a que sesionara el Consejo Estatal de Transporte, para en caso de acordar la necesidad de realizar un ajuste tarifario, ordenar el desarrollo de un estudio socioeconómico, lo que hasta el momento no se conoce.
“Nada de eso se ha realizado, por eso sostenemos que así como lo están haciendo, los transportistas están violentando una reglamentación estatal, pues la ley establece claramente que hay sanciones cuando se altera la tarifa”, anotó.
Aseguró: “Parece que los transportistas ya encontraron la medida de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, porque su director (Arturo Salinas) no hace valer la normatividad y no sanciona, están seguros de que no van a sufrir ninguna sanción”.
Barbosa manifestó que cada vez que se cobran los 2 pesos de más a cada usuario se comete una infracción, lo que ya debió provocar un acto de autoridad.
Recordó que la ley del sector considera la aplicación de sanciones en contra de quienes cometan abusos en contra de los usuarios, las cuales van desde la amonestación, multas y la suspensión de las concesiones, en caso de insistir en desacatar lo que establece la norma.
Recordó que al seno del Congreso local existe una Comisión legislativa de Transportes, pero hasta el momento sus integrantes no se han reunido para analizar el tema.
“Los diputados son representantes del pueblo, reciben un salario que surge de los impuestos de los ciudadanos y no han hecho nada, lo que es lamentable”, anotó.
Barbosa anticipó que en caso de que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad mantenga su actitud omisa, lo que procede es denunciarlo ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental, pues lo que hace es una omisión que perjudica a la población.
