— Denuncian falta de pago de salarios y prestaciones; acusan desorden administrativo en el Colegio de Bachilleres y el Instituto de Oftalmología
Rosario García Orozco
La inconformidad y el enojo crecen entre trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Descentralizados de Guerrero y de la Sección 31 del Colegio de Bachilleres, adheridos al SUSPEG, ante la falta de pago de salarios y prestaciones, denunció su dirigente, Guillermina Rodríguez Parra.
La líder sindical informó que el pasado lunes sostuvieron una reunión con funcionarios estatales en oficinas del Poder Ejecutivo para abordar los adeudos; sin embargo, señaló que no hubo avances, ya que tanto autoridades estatales como la dirección del Colegio de Bachilleres se deslindaron de la responsabilidad.
“Se están echando la bolita unos con otros, mientras los trabajadores son quienes pagan los platos rotos”, reprochó Rodríguez Parra.
Entre las principales demandas se encuentra el pago de la segunda quincena de marzo, así como la prima vacacional para cerca de 900 trabajadores afiliados a esta organización sindical.
Asimismo, denunció presuntas irregularidades al interior del Colegio de Bachilleres, donde acusó que el director general, Jesús Villanueva Vega, estaría otorgando funciones administrativas a otros actores, lo que —dijo— afecta directamente a la base trabajadora de la Sección 31, que representa al personal administrativo de esa institución educativa.
Ante este panorama, advirtió que existe un amago de movilizaciones por parte de los trabajadores, las cuales podrían iniciar al concluir el periodo vacacional de Semana Santa, en protesta por lo que calificaron como atropellos a sus derechos laborales.
En otro tema, Rodríguez Parra indicó que el sindicato también llevó a la mesa de diálogo el caso del Instituto Estatal de Oftalmología, donde exigen la restitución de prestaciones suspendidas a trabajadores. Precisó que 17 empleados fueron afectados, aunque actualmente 11 continúan en la lucha tras desistir seis por presuntas amenazas.
Señaló directamente a la directora del Instituto Estatal de Cancerología, María Alejandra León Hernández por la suspensión de dichas prestaciones, decisión que —aseguró— se mantiene desde hace un año.
“Estamos demandando el cumplimiento de sus derechos; de lo contrario, se activarán movilizaciones en ese centro laboral”, advirtió.
Cuestionó la permanencia de la funcionaria al frente del Instituto de Oftalmología a pesar de las irregularidades denunciadas, y acusó que la Sección 57 mantiene el control del organismo para intereses particulares.