— Un juzgado federal instruye la entrega de 853 folios sobre el seguimiento militar a los 43 normalistas en 2014
Rosario García Orozco
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la totalidad de los documentos de inteligencia generados en 2014, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, a doce años de los hechos ocurridos en Iguala.
La resolución exige la entrega precisa de 853 folios elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia ‘Centro’, instancia con sede en Iguala que dio seguimiento a los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La determinación deriva del juicio de amparo 1350/2023, promovido en agosto de 2023 por los representantes legales de las madres y padres de los normalistas, quienes denunciaron omisiones del Ejército al ocultar reportes cruciales para esclarecer el paradero de los jóvenes.
Los padres y madres de los 43 han reiterado que efectivos del 27 Batallón de Infantería poseen información clave, señalamiento respaldado por el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que en 2023 reveló la existencia de más de 800 folios no entregados por el Ejército, lo que constituía una obstrucción a la investigación.
El órgano jurisdiccional afirmó que la discontinuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que sugiere que la información permanece bajo resguardo militar y debe ser entregada en su totalidad.
Además, estableció que estos datos no pueden considerarse confidenciales ni secretos, dada la relevancia pública del caso, que trascendió a nivel nacional y mundial.
La información fue publicada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en sus redes sociales, en las que mencionó que los padres de familia acusaron directamente a áreas de inteligencia de la Sedena de ocultar la documentación, pese al Decreto Presidencial de 2018, que obliga a todas las dependencias a transparentar información vinculada al caso.
También se informó que el GIEI documentó que algunas comunicaciones internas del Ejército sí fueron entregadas, pero incompletas, lo que evidenció la existencia de folios faltantes presuntamente retenidos por la institución castrense.
En el mismo proceso judicial, un Tribunal Colegiado ya había instruido en septiembre de 2023 que el Ejército debía abstenerse de destruir, eliminar u ocultar cualquier información relacionada con los hechos de Iguala, con el fin de garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
