Alondra García Lucatero
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH) rechazó que las Fuerzas Armadas adopten funciones de seguridad pública en México, como se pretende con la Ley de Seguridad Interior; en cambio, propuso “un enfoque de seguridad ciudadana” para combatir la criminalidad.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DDHH visitó ayer la ciudad de Chilpancingo, para participar en el foro Seguridad o Derechos Humanos: Una falsa dicotomía.
En su exposición se refirió a la Recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual indica que se abrieron 532 expedientes de queja por desaparición forzada de personas durante la década de los 70’s y principios de los 80’s.
“Esta institución concluyó que en 275 casos las personas fueron víctimas de una detención, interrogatorio y una posible desaparición forzada, realizada por funcionarios públicos de diversas instancias gubernamentales, entre ellas, efectivos militares. En el resto de los casos, las pruebas no fueron suficientes para acreditar la existencia de una desaparición forzada, pero tampoco se pudo descartar como una hipótesis de investigación. Sobre esos casos, la propia CNDH ha calificado la respuesta gubernamental, dijo que se traspasaron los límites de la legalidad”, expuso Peña Palacios.
También destacó que más de la mitad de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido contra México, se refieren a casos ocurridos en Guerrero en los que hubo participación de efectivos militares.
Además, señaló que entre 2006 y 2015 la CNDH recibió más de 10 mil denuncias contra efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y más de 2 mil contra actos realizados por la Secretaría de Marina (Semar).
Por estos motivos, dijo, es necesario que se realice un debate en el estado de Guerrero sobre la propuesta de Ley de Seguridad Interior, la cual pretende facultar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública.
El representante ajunto de la ONU-DDHH lamentó que a pesar de estos antecedentes, las autoridades estatales y municipales hayan optado por “un despliegue permanente de las fuerzas armadas”, justificándose en “la continua debilidad de las policías”.
“Para una autoridad local o estatal es más fácil llamar a las fuerzas militares o a la Federación para que les ayuden, en lugar de invertir en políticas de seguridad ciudadana. La posibilidad de utilizar las fuerzas armadas ha actuado como un desincentivo para promover el cambio, para la salida del paradigma militar”, criticó.
Peña Palacios recordó que “hace poco más de 10 años el Estado Mexicano tomó la decisión de aumentar significativamente el número de efectivos militares involucrados en la lucha contra el narcotráfico y otras formas de violencia, en razón de la credibilidad de las fuerzas armadas y la debilidad estructural de las corporaciones civiles”.
Esta situación, dijo, ha preocupado a los organismos internacionales de derechos humanos, ya que las fuerzas militares han adoptado tareas de seguridad que incumben exclusivamente a las autoridades civiles.
Por ello, advirtió que con la Ley de Seguridad Interior, tal como se está proponiendo, se corre el riesgo de “consolidar y perpetuar un rol impropio de las fuerzas armadas”.
Consideró que como consecuencia de esto, las autoridades harían a un lado la profesionalización de las instituciones civiles, así como su fortalecimiento en recursos técnicos, humanos y financieros que permitan el paulatino regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
Para Peña Palacios, las políticas públicas de seguridad ciudadana deben partir de un diagnóstico de la situación de seguridad y de los recursos institucionales disponibles.
“¿Por qué una década no ha sido suficiente para fortalecer y profesionalizar a las corporaciones civiles y policiales y construir la confianza de la sociedad en ellas?, esta es la pregunta que debe formularse al inicio del diseño de cualquier política de seguridad”, señaló el funcionario de la ONU-DDHH.
Peña Palacios señaló que el concepto de seguridad interior, tal como se maneja en la nueva propuesta de ley, “no es el idóneo desde una perspectiva de derechos humanos”, ya que éste se asocia a regímenes autoritarios.
En cambio, propuso al Estado Mexicano “promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública”.
“Frente a los retos de seguridad, violencia y criminalidad que se viven en el estado de Guerrero y en otros estados del país, la opción es promover un enfoque de seguridad ciudadana, lo cual supone una transición hacia un modelo muy distinto del que hoy está puesto en la mesa”, expuso.
El funcionario destacó que la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU-DDHH lleva 15 años en el país, por lo que conocen los retos en materia de inseguridad, violencia y derechos humanos.
“Somos conscientes de los retos que se enfrentan, de la capacidad del crimen y particularmente del crimen organizado, para generar dolor y devastar la vida de miles de personas. Tampoco ignoramos la capacidad de estas estructuras criminales para infiltrar y cooptar las instituciones del Estado”, expresó el funcionario de la ONU.
Una muestra de la magnitud del reto que enfrenta Guerrero, dijo, son las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a esta entidad en primer lugar de homicidios en febrero de este año.