Víctor Hugo Michel/ Rogelio Agustín
El 24 de diciembre de 2014, mientras por todo México se afinaban los detalles para la cena de Nochebuena, una marcha poco habitual salió a las calles de Ciudad Altamirano, Guerrero. Era una manifestación sui géneris. Entre muchas otras razones, por su ubicación: justo en el corazón de Tierra Caliente, una región que se caracteriza por tener la tasa de homicidios más alta de México y que desde hace tiempo es blanco de disputa de cárteles de la droga como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.
La marcha que se realizó el 26 de diciembre pasado en Ciudad Altamirano para protestar contra el asesinato del padre Goyo, quien fue secuestrado días antes.
La escena de esa víspera de Navidad parecía sacada de una película del Indio Fernández: en silencio, bajo la lluvia, un contingente nutrido iba encabezado por hombres vestidos con sotanas y caminaba por la avenida Vicente Riva Palacio, la principal del pueblo. Algunos recitaban rítmica y nerviosamente el Ave María.
Eran medio millar de personas entre sacerdotes católicos y devotos. Había curas de pueblo, párrocos, monaguillos y seminaristas junto a quienes marcharon numerosas señoras de aspecto grave, algunas desgranando rosarios. También había hombres con crucifijos y niños que agitaban globos blancos.
Los manifestantes recorrieron los cinco kilómetros que separan la glorieta Lázaro Cárdenas de la catedral Fray Juan Bautista Moya, el santuario religioso más importante de Tierra Caliente. En esa iglesia descansa, enterrado en el atrio, el báculo de Moya, una reliquia a la que se le confieren poderes sobrenaturales. Fray Moya es el santo regional y se le anotan varios milagros en Zirándaro, Cuitzeo, Huetamo, Ajuchitlán, La Huacana y Totolapan. En el siglo xvi cruzó el río Balsas sobre el lomo de un caimán para celebrar una extremaunción en Coyuca y en Tacámbaro convirtió una rama seca en una flor. El báculo, sin embargo, no logró proteger a uno de los sacerdotes del lugar.
Ese 24 de diciembre los curas sacaron de sus baúles y armarios el atuendo ceremonial más solemne. Al frente de la marcha se encontraba el obispo Maximino Martínez, un hombre macizo con pinta de boxeador retirado. Ese día lucía más encorvado y pesado de lo normal, como si hubiera encajado ya demasiados golpes. Caminaba mirando al suelo.
Parecía una procesión religiosa y, por la fecha, bien podría haberlo sido. Pero sólo con ver el ánimo de los asistentes quedaba claro que no lo era. No había villancicos ni se cargaron en hombros los relicarios de las vírgenes. Los cohetones se guardaron para otro día. Lo que sí había, y en abundancia, eran pancartas con la leyenda “¡Ya basta!”.
En el trayecto hacia la catedral, el obispo Martínez distribuyó una carta abierta escrita por él. Era la única forma que tenía para comunicarse con los secuestradores que, tres días antes, habían levantado al padre Gregorio López cuando llegaba al seminario de la ciudad.
Esto decía: “Hermanos en Cristo Jesús, con profundo dolor y temor nos dirigimos a ustedes para dialogar acerca de la situación que vivimos, referente al cautiverio del padre López (…) tememos por su integridad física y consideramos que en ustedes hay nobleza y bondad, por ser imágenes y semejanza de Dios, por lo cual en el nombre de nuestro señor Jesucristo, suplicamos que lo liberen”.
Su secuestro no era un hecho aislado. Ya no son los tiempos de Fray Moya y en Guerrero no se acumulan los milagros. Los que se multiplican son incidentes violentos contra sacerdotes e integrantes de la Iglesia Católica. Tan sólo en 2014, tres párrocos fueron asesinados en ese estado, donde se concentra el mayor número de ataques contra sacerdotes en México, país considerado por el Centro Católico Multimedial (ccm) “como el más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio”.
De 1990 a la fecha, en México han sido asesinados un cardenal, 34 sacerdotes, un diácono, tres religiosos ligados a la Iglesia, cinco laicos y una periodista de un medio católico. De acuerdo con el recuento anual que hace el ccm sobre violencia anticlerical, en los dos primeros años de este sexenio ocho sacerdotes han muerto. Caso por caso, el epicentro de esa violencia yace en Guerrero.
Así, en 2014 el ccm documentó el secuestro de otro párroco en Altamirano, además del padre Goyo. Su nombre se mantiene en reserva. También registró un tiroteo en contra del padre José Damián Hernández, emboscado en febrero en Ajuchitlán del Progreso. Otros tres sacerdotes de la zona se encuentran amenazados o han sido víctimas de extorsión. A sus casos se suman los incidentes de otros años, como los secuestros de dos padres de Cuetzala del Progreso, Francisco Jiménez y Ricardo Figueroa, en 2013 y 2012, respectivamente.
El padre Gregorio «Goyo» López
Como corolario a esa violencia se encuentran los homicidios. En 2009, murieron asesinados el padre Habacuc Hernández y dos seminaristas de Altamirano. Apenas el 24 de septiembre pasado murió Ascensión Acuña Orozco, párroco de la comunidad vecina de Arcelia. Su cuerpo apareció flotando en el río Cutzamala. Meses antes, en abril, fue asesinado el misionero ugandés John Ssenyondo en Chilapa.
En Guerrero hay un brote de violencia anticlerical que puede explicarse como parte del riesgo que conlleva ejercer el sacerdocio en una entidad sumamente violenta, pero también porque algunos párrocos se han erigido en rivales para el crimen organizado. Están en el frente de una batalla que no está siendo entendida del todo, pero en la que subyace una realidad ineludible: predicar en ese territorio, en tiempos en que el narco emerge como un poder que alcanza casi todos los sectores de la sociedad, es cada vez más difícil.
El año pasado cerró con el secuestro del padre Goyo. A diferencia de los casos anteriores, el suyo generó una reacción de hartazgo. Los curas nunca habían marchado como ese 24 de diciembre cuando tomaron las calles de Altamirano.
En ese territorio narco callar es la norma porque los asesinatos de alto impacto son frecuentes. Tan sólo entre 2012 y 2015 han muerto un juez en Coyuca, el dirigente del pri en San Miguel Totolapan, 12 policías locales en Teloloapan y siete federales en Altamirano. En octubre pasado 10 personas fueron ejecutadas en Ajuchitlán, cuando el pueblo fue invadido durante varias horas por un comando armado de casi 100 personas. Y, por supuesto, está el caso que destapó el grado de descomposición de la zona: la masacre de estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
En medio de ese panorama caótico, ahora se incluye la presencia oportunista de bandas relativamente nuevas, como Los Rojos y Los Granados. El todos contra todos que vive la región no es gratuito. Altamirano se encuentra al final de un largo camino que inicia a unos 340 kilómetros al este, en las montañas de Guerrero hacia Chilapa, y en cuyo punto intermedio se encuentra Iguala. Es la ruta estratégica por donde baja la heroína que se produce en las zonas altas del estado, que después fluye hacia el centro del país y, de ahí, a Estados Unidos.
La marcha de Nochebuena, por ello, no pasó desapercibida. A lo lejos, halcones se encargaron de vigilarla. La Policía Municipal tampoco era de confianza: en 2011 parte de la corporación fue depurada por sus ligas con el narco y en octubre de 2014 el Ejército desarmó a todos sus elementos. En ese ambiente opresivo, el obispo Maximino sólo hizo una declaración a los medios: “¡No nos vamos de aquí!”. Un día después, el 25 de diciembre, el cuerpo del padre Gregorio apareció unos 20 kilómetros al sur, en Tlapehuala. Fue abandonado junto a uno de los monumentos más famosos de la región, una monolítica cabeza de Lázaro Cárdenas. Tenía un disparo en la frente.
La autopsia determinó que el sacerdote, quien había estudiado Filosofía y Liturgia en Roma y se perfilaba como una de las figuras centrales de la diócesis por su oratoria, había fallecido ahorcado.
El asesinato del padre Goyo cimbró a la Iglesia. El 26 de diciembre la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado: “Haciéndonos eco del sentir de muchos mexicanos, repetimos: ‘¡Basta ya!’. No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos”.
Del lado michoacano de Tierra Caliente vino otra condena directa. Al padre Goyo lo asesinaron “porque fue capaz de levantar la voz”, denunció Gregorio López, su tocayo, párroco de Apatzingán. Saltó a la fama nacional al oficiar misas con chaleco antibalas y participar de forma cercana en la campaña de las autodefensas contra Los Caballeros Templarios. En los momentos más álgidos, cargaba una pistola 9 mm al cinto.
A decir del Gregorio michoacano, la clave de la muerte del Gregorio guerrerense se hallaba en uno de los sermones que había dado días antes de su secuestro, el 21 de diciembre: había atacado a Guerreros Unidos por el papel que jugaron en la desaparición de los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos. “Mi tocayo acusó a estos criminales en su homilía sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, dijo. “(Pero) la Iglesia Católica seguirá alzando la voz y denunciando toda arbitrariedad y atropello de los derechos fundamentales.”
El tema llegó incluso a oídos del papa Francisco. El 29 de diciembre, desde Roma, el sumo pontífice emitió un mensaje de condolencias a la familia del párroco y, al mismo tiempo, ordenó a los sacerdotes de la diócesis de Ciudad Altamirano “proseguir con ardor su misión eclesial a pesar de las dificultades”.
Dificultades hay bastantes. A raíz de la muerte de Gregorio, la diócesis de Altamirano giró una instrucción urgente a sus sacerdotes, a quienes ordenó rotular sus vehículos. Hoy, sus camionetas transitan por las carreteras de la región con leyendas como “Vehículo Parroquial” o “Diócesis de Altamirano”.
La broma entre los curas es que no falta mucho para que deban llevar uno que diga: “No dispare, soy sacerdote”.
A principios de enero de 2015 un panel integrado por cinco hombres se reunió en el D.F. ante un centenar de teólogos, curas, monjas, seminaristas y misioneros de todo el país. Estaban el poeta Javier Sicilia, los obispos Ramón Castro (Cuernavaca) y Raúl Vera (Saltillo), el padre Alejandro Solalinde y el fraile dominico Miguel Concha Malo.
Con la excepción de Castro, de corte más ortodoxo, a ese grupo de ponentes se le podría definir de muchas formas: ecléctico, contestatario, rebelde. Ovejas negras también porque son disidentes insumisos, reacios, contrarios a los dogmas establecidos y capaces de enarbolar banderas casi heréticas como el matrimonio homosexual y la despenalización del aborto.
Son los rudos de la Iglesia —su conciencia incómoda— y fueron convocados por la Universidad Pontificia de México como parte de una serie de trabajos inéditos que ordenó la nueva dirigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano para analizar qué puede hacer el catolicismo ante la violencia que trastoca el país. El calificativo de inédito aplicaba por varias razones. Una, porque la universidad oficial del Vaticano abrió sus puertas a los insurrectos. Y dos, porque al escuchar a personajes como Sicilia era obvio que vendrían críticas duras a la jerarquía católica, encabezada por el arzobispo Norberto Rivera.
En el encuentro, titulado “La Iglesia frente a la violencia, la corrupción y la injusticia”, se señalaron las carencias de la Iglesia en la crisis que arrastra México desde 2007, cuando comenzó a escalar la violencia.
Sicilia, Castro, Vera, Solalinde y Concha Malo cuestionaron dónde ha estado el clero mientras el país vive la peor crisis de seguridad de su historia moderna, con 24 mil desaparecidos, según las autoridades, y varios conteos que ponen la cifra de muertos entre los 90 mil y 130 mil.
Castro, un viejo diplomático del Vaticano que ha pasado varios años en África, acusó a los obispos mexicanos de ser “turistas ante el sufrimiento”. Dijo que tienen los brazos cruzados frente al dolor de su grey y les preguntó sin empacho: “¿Están acompañando a su pueblo?”. Vera, quien fuera mano izquierda del obispo Samuel Ruiz en Chiapas en los tiempos del levantamiento del Ejército Zapatista, calificó de “vergonzoso” el silencio de la jerarquía católica frente al narcotráfico: “Nuestros obispos están vacíos”. Sicilia deploró que ni un sólo obispo se haya manifestado por el caso de Ayotzinapa: “¿Dónde está la jerarquía de la Iglesia?”. Solalinde exigió a los jerarcas salir a marchar con la ciudadanía y Concha Malo sentenció que el alto clero ha renunciado a su labor como constructor del tejido social.
Pero los ponentes hicieron una aclaración: si en muchas partes del país la Iglesia o sus jerarcas parecen haber abdicado a sus responsabilidades, en Guerrero hay excepciones notables. En ese estado, coincidieron Solalinde, Castro, Vera y Concha Malo, la crisis de seguridad ha empujado al sacerdocio a la acción.
El obispo Raúl Vera
Lo sintetizó el padre Solalinde: “Los asesinatos de nuestros hermanos sacerdotes en Guerrero son una buena señal. Una buena señal de que la Iglesia está caminando debidamente por el sendero de Jesucristo”.
Castro dijo que en Acapulco, por ejemplo, los párrocos están atendiendo a quienes han perdido a un familiar a manos de un criminal para tratar de desactivar “los deseos de ira y revancha”: “Se han puesto en marcha 20 centros de escucha en ocho parroquias, donde hay psicólogos y sacerdotes que ayudan a quienes están sintiendo deseos de venganza de los que podría salir otra pifia”.
Es un proyecto piloto que, de funcionar, se exportará a otros estados y en cuya construcción colaboró la Conferencia del Episcopado Colombiano. Desde 2012, Cáritas Colombia ha enviado a sus especialistas a la diócesis de Guerrero para transferir décadas de know how a sus compañeros mexicanos. En síntesis, buscan compartir con los sacerdotes guerrerenses su experiencia en la mediación y desactivación de enconos ancestrales entre las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares, el Ejército…
La tarea de mexicanizar ese conocimiento recayó en el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias. El 14 de enero convocó a los tres obispos de Guerrero —de las diócesis de Altamirano, Chilpancingo-Chilapa y Tlapa— para presentarles el proyecto.
El arzobispo dijo en entrevista que la idea de pedir apoyo surgió en 2011, cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano le ordenó contactar a sus compañeros de Colombia. Ha tomado casi cuatro años crear un modelo lo suficientemente viable como para replicarlo y ya comenzó a aplicarse en una zona clave para frenar la descomposición que vive el país: Tierra Caliente, tanto del lado guerrerense como del michoacano.
En la parroquia de San Gerardo María Mayela, el cura Mauricio Prudenciano González reúne a familiares de desaparecidos para intercambiar información y tomar muestras de ADN. Esas muestras se cotejan con las de los cuerpos que se encuentran en las fosas.
Desde hace unos meses, todas las semanas aparece un letrero color rojo pegado con cinta canela en la reja de la parroquia de San Gerardo María Mayela, una iglesia fea, en obra negra, a 10 minutos del centro de la ciudad de Iguala.
El cartelón está junto a las tradicionales amonestaciones de matrimonio o anuncios de cursos para la primera comunión, y dice: “¿Tienes un familiar desaparecido? Asiste (en la fecha tal). Se estarán llenando los formatos para la prueba de adn. Traer una fotografía a color de la persona desaparecida”.
En los primeros días de diciembre, mientras en los cerros de Iguala seguían apareciendo fosas clandestinas con restos humanos y las protestas por los normalistas de Ayotzinapa seguían subiendo de tono, un centenar de personas acudieron a ese llamado. Pasaron al sótano de la iglesia, como se hace con las sesiones de catecismo.
El padre Mauricio Prudenciano González, un hombre regordete de lentes y cabello ensortijado, dio la bienvenida a los asistentes con una oración: “Recemos para superar esta violencia”. La mayoría de quienes acudieron eran mujeres, pues en esta zona del país la desaparición corresponde al género masculino en la mayoría de los casos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Después el padre les entregó los formularios elaborados por Ciencia Forense Ciudadana, una organización no gubernamental que construye un banco de datos con adn de los desaparecidos.
Entre otras, los folletos contenían las siguientes preguntas: “¿Tiene algún familiar desaparecido? ¿Tiene una identificación, documento, papel o dibujo con huellas dactilares de la persona desaparecida? ¿Sabe quiénes son los responsables de la desaparición?”.
La que estaba esa mañana en la parroquia era una congregación de desesperados. A todos les faltaba un familiar. Muchos fueron relatando los detalles de sus casos. Las particularidades podían variar, no así el resultado final: secuestrado, silencio del gobierno, desinterés del Ministerio Público.
La sesión fue una jornada de catarsis, algo más cercano a la psicoterapia que a la religión, de la que se desprendieron relatos de los horrores en el Guerrero de los últimos años.
Citlali Miranda, una psicóloga que trabaja con Ciencia Forense Ciudadana, narró la experiencia vivida días antes por un grupo de personas que, en la angustia de no saber nada de sus familias, subieron a los cerros de Iguala a buscar cuerpos con picos y palas de jardinería. “Fuimos el domingo pasado y había fosas con restos humanos. Mínimo, ese día nos encontramos ocho fosas”, dijo.
Después el párroco hizo pasar a funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal. Les pidió, amable pero firme, rendir cuentas ante las personas ahí presentes, explicarles qué ha hecho el gobierno.
Joaquín Torres, director general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la pgr, fue a quien tocó responder a las preguntas de los familiares. No estaba listo para lo que se le venía encima. “Traemos la solicitud para que la alcaldía de Iguala nos permita exhumar los restos de la fosa común del cementerio. Se presume que ahí han depositado cuerpos que se han hallado en fosas clandestinas”, dijo, como esperando que con eso bastara. Los reclamos llovieron.
Mayra Rivera Hernández, cuyo hermano lleva desaparecido tres años, resumió el sentir: “Lo único que queremos, exigimos, es un nombre, para poder dejar de llorarle a un desaparecido”.
Algunos familiares comenzaron a llorar. Lloraban mientras escribían sus nombres en los formatos o mientras el padre González les pedía rezar el Padre Nuestro. Lloraban aún cuando subieron las escaleras de la parroquia y les tomaron muestras de adn en el patio de la iglesia. El material genético se enviaría a la Universidad de Durham, en Inglaterra, para compararlo con el de los cuerpos que se han hallado en las fosas clandestinas.
Con rostro grave, el padre González observaba el triste desfile desde el atrio de la iglesia. “Lo que estamos haciendo es ser intermediarios”, dijo. “Se nos han acercado organizaciones civiles, los de Ciencia Forense y la ciudadanía. Y pues, ¿qué más podíamos hacer? Estamos colaborando con ellos para generar una mesa de trabajo y buscar a las personas desaparecidas.”
González explicó que desde que se habían colocado los letreros para informar de las pruebas de ADN, unas 300 personas habían acudido a practicarse los exámenes. Todos los martes hay reuniones a las que acuden familiares de desaparecidos.
Él estuvo cerca de formar parte de ellos. El 13 de mayo de 2013, cuando era párroco en el municipio de Apaxtla, un grupo de narcotraficantes le cerró el paso en la carretera hacia Zacapoxtepec. Le quitaron la camioneta, la sotana y el dinero de las limosnas. De nada importó que sacara su credencial que le identifica como ministro de culto: “Les dije que era sacerdote y respondieron que no les importaba, que podía ser el Papa pero que me iba a morir si seguía hablando. Y que si quería salvar la vida mejor corriera. La camioneta la quemaron, la rafaguearon”.
A mediados de noviembre de 2014, una joven dentista del poblado de Tixtla acudió al servicio médico forense de Chilpancingo acompañada de dos sacerdotes. Llevaba varias radiografías, sus notas de apuntes y el molde de la dentadura de un paciente con el que había trabajado meses antes y quien nunca regresó para terminar una endodoncia.
Un perito los guió hasta una plancha donde había una pila de huesos que se habían encontrado en una fosa clandestina en el poblado de Ocotlán el 2 de noviembre, Día de Muertos, a raíz de la búsqueda por los normalistas de Ayotzinapa. Hasta el momento, la pgr tiene contabilizadas 41 fosas con 26 cuerpos humanos y 37 restos óseos.
Entre los restos de la fosa de Ocotlán se encontraba un cráneo. Cosa extraña, estaba intacto y con los dientes completos. Mientras los religiosos rezaban, el forense y la dentista intercambiaron notas en tono grave, triste.
—Molar izquierdo con amalgama —dijo ella.
—Sí —respondió el forense.
—Molar derecho también con amalgama.
—Sí.
—Endodoncia en incisivo.
—Sí.
La prueba final fue una corona que ya había sido preparada para colocarse en una de las muelas. La pieza de cerámica encajaba perfectamente.
—¡Es él! —gritó el cura Víctor Manuel Aguilar. Rompió en llanto.
El cráneo, las endodoncias y los dientes repletos de caries pertenecían a John Ssenyondo, un misionero comboniano originario de Uganda que desde hacía tres años era el párroco de la comunidad de Nejapa, en el municipio de Chilapa. Había desaparecido en abril de ese año, después de oficiar una misa en el poblado de Santa Cruz, muy cerca de la cabecera municipal.
John Ssenyondo
“John era una persona muy valiosa. Vino a México con mucho cariño y amor a estas tierras, y encontró una muerte injusta, bárbara. No se merecía eso”, dijo el padre Aguilar, vicario de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Durante meses encabezó la búsqueda de Ssenyondo. Primero esperó al contacto de sus secuestradores, que nunca llegó. Después se enviaron mensajes por canales informales y desde los púlpitos se pidió su liberación. Pero como en el caso del padre Goyo, nunca hubo una prueba de vida. Sólo un silencio denso que anticipaba un mal resultado.
Al saber del secuestro, feligreses de varios municipios se sumaron a la búsqueda pese a los riesgos que conllevaba la tarea. Cuadrillas enteras se presentaron como voluntarios para peinar los cerros. De día y de noche, iluminados con lámparas sordas y pese a que estaban entrando a tierra de nadie, buscaban encontrar a Pa John pese a las amenazas de que quien diera datos correría la misma suerte. Sería desaparecido.
“Decían que aquel que ayudara a buscarlo iba a desaparecer también”, dijo Adrián S., un poblador de Chilapa que participó en las búsquedas y quien pidió no ser identificado.
Ssenyondo murió en algún momento de la primavera muy cerca del poblado de Ocotlán. El testigo que ayudó a localizar sus restos describió la zona en que falleció como un “campo de muerte” del que por las noches escapaban gritos de víctimas que eran llevadas a rastras. En total, se recuperaron 13 cuerpos de la fosa en la que yacían sus huesos.
Autoridades eclesiásticas y habitantes chilapenses sostienen que Pa John murió como resultado de meses de roces con el grupo criminal Los Rojos, que le declararon persona non grata en Chilapa, donde era uno de los últimos bastiones no cooptados por el terror o la plata. Presumen que fue esa organización la que ordenó su asesinato porque el sacerdote ugandés se había convertido en un icono de rebeldía.
“Siempre se rehusó a darles la limosna como derecho de pago de piso y una vez hasta rechazó bautizar al hijo de un narco porque sus padrinos no estaban casados por la Iglesia”, dijo Adrián S.
Aunque no generó el eco mediático que el asesinato del padre Goyo, la muerte del sacerdote causó un profundo disgusto entre la comunidad de misioneros, tanto en México como en África. Sus amigos dicen que su muerte es parte de un plan divino.
Janvier Sidjeu, padre camerunés que a finales de ese mes ofició una misa en honor de Ssenyondo en la ciudad de México, lo sintetizó así: “No odiamos a los que lo mataron. Por el contrario, les agradecemos. John ya no está en este mundo, sufriendo. Ahora está en el cielo. No entienden que la muerte no da miedo. A mí no. Morir me da gusto porque voy a ver a mi Dios”.
En Morelos, que se ha convertido en un semillero de sacerdotes a los que después se envía a Guerrero, alumnos de Ssenyondo dicen que murió como correspondía a un misionero comboniano: de pie. “Estamos destinados a socorrer a los más necesitados, los más pobres. Vamos a donde hay más carencias e injusticias. Como misioneros nos tenemos que enfrentar con aquello que causa la violencia y estar dispuestos a entregar la vida”, dice el misionero comboniano Fernando Cortés. Durante tres años fue pupilo de Ssenyondo en Cuernavaca.
Como soldados de choque, los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús van a donde la Iglesia no ha logrado crear una estructura sólida. Son Indiana Jones y Moisés a la vez. Brújula y Biblia en la mano, para estos aventureros la muerte es una posibilidad permanente y hasta bienvenida en defensa de su fe. Su grito de batalla da una idea de su tesón: “¡África o Muerte!”.
A Pa John los sicarios le permitieron ingresar al panteón de mártires combonianos, un nutrido grupo de hombres y mujeres que asumen en la muerte un tamaño más grande del que tuvieron en vida. Cortés afirma: “No me sorprende que el padre John se haya resistido (a los narcos)”.
Resistir. Como en otros casos de sacerdotes asesinados, la clave del caso Ssenyondo yace en ese verbo. La presencia del crimen organizado es particularmente fuerte en Chilapa, que desde 2011 es un campo de batalla entre Los Rojos y Los Ardillos, dos de los minicárteles que han irrumpido en Guerrero. Es una guerra cuyo epítome vino entre noviembre y enero, cuando se registraron dos ejecuciones masivas: 11 personas fueron decapitadas.
Las razones de esta espiral violenta se encuentran en las rutas estratégicas del narcotráfico: si Altamirano es la salida de la amapola hacia el resto del país e Iguala es su descansadero logístico, Chilapa es su punto de partida. Desde ahí se controla el acceso a la montaña de Guerrero y quien posee la plaza tiene también las carreteras estatales 93, 8 y 3, las únicas que bajan de los plantíos productores de opio. Por eso el ambiente en el pueblo es muy violento. Como corroboran los moños negros que ondean en muchas de las casas. Hay una docena de desaparecidos registrados en los últimos tres años y van medio centenar de homicidios. Chilapa es pequeña, pero sólo en el tamaño. Estadísticamente, en materia de inseguridad, es un gigante: en 2012 se ubicó en el número 40 entre los municipios de más de 100 mil habitantes con más homicidios en México, el 61 en violaciones, el 56 en secuestros y el 91 en extorsiones, según cifras oficiales.
Ese es el mundo en el que aterrizó hace tres años John Ssenyondo. No pudo venir de una experiencia más distante y, a la vez, parecida. Nació en 1958 en el poblado de Masaka y vivió grandes pasajes de resistencia católica en Uganda. Allá no sólo sobrevivió al terror del genocidio en el siglo pasado, sino que lo enfrentó. En los años 70 retó al régimen del dictador Idi Amin. No huyó ni se ocultó mientras sus sicarios martirizaban a 400 mil personas, incluidos miles de sacerdotes, monjas y un arzobispo.
La parroquia donde oficiaba misa John Ssenyondo, misionero ugandés asesinado por el crimen organizado.
Todo apunta a que fue esa historia de insumisión la que hizo que Ssenyondo chocara con Los Rojos. Cuando trataron de intimidarlo, como al resto de Chilapa, él dijo no. Siguió la tradición del catolicismo contestatario de Uganda.
Aún ahora se recuerda el sermón que dio un domingo de febrero del año pasado. Fue la homilía que selló su suerte. Por aquel entonces —y como ahora— la feligresía estaba aterrada. Una semana antes en Eduardo Neri, el municipio de al lado, un enfrentamiento dejó un saldo de cuatro muertos. Además uno de los directores de la policía de Chilapa estaba desaparecido y un poblador había sido secuestrado. Eran los últimos de varios incidentes violentos que ocurrieron en los meses anteriores.
“Si el gobierno no los protege de los criminales, tienen derecho a defenderse a sí mismos. ¡Organícense! ¡Preparen su policía de autodefensa!”, dijo a su feligresía.
Después fue secuestrado y lanzado como una maleta vieja a la cajuela de una camioneta. Murió porque pidió a sus feligreses levantarse en contra del crimen, aunque no tuvo tiempo para ver si su llamado desde el púlpito surtía efecto. Hasta ahora, no ha surgido un grupo de policías comunitarios en Chilapa.
En las zonas de La Montaña y la Costa Chica, los sacerdotes se han rebelado y están desde hace tiempo en la base de la insurgencia ciudadana contra la delincuencia. Varios ministros de culto han usado su influencia para colaborar con el surgimiento de movimientos de autodefensa.
Los nombres más conocidos de sacerdotes vinculados a las autodefensas son los de Mario Hernández, un mixteco que predica en la parroquia de Xalpatláhuac —en la región de la Montaña—, y Melitón Santillán Cantú, en la parroquia de Malinaltepec —en el corredor que se enlaza con la Costa Chica—.
Predican en comunidades ubicadas en los municipios más pobres del estado. Desde 1995, junto con otros “líderes naturales” de la zona, se reunieron en San Luis Acatlán para buscar detener los secuestros, asaltos, robo de ganado y homicidios que comenzaban a incrementarse y que las autoridades no podían contener.
A finales de los 90, los dos sacerdotes participaron activamente en la construcción de la Policía Comunitaria y, en especial, en un sistema de justicia alternativa que se basa en un concepto cristiano que pasa por el perdón y la reeducación, antes que por el castigo. Ayudaron a la fundación de tres “casas de justicia” en San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco.
Desde entonces, y siempre bajo una filosofía de trabajar en silencio, los dos se han mantenido vinculados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac). Tras un periodo de bajo perfil, emergieron de nuevo en 2013, cuando jugaron un papel clave para distender los ánimos en la ruptura más grande sufrida por el movimiento comunitario desde su creación.
La crisis, detonada por una disputa entre la crac y su escisión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (upoeg), terminó con un discurso histórico del padre Mario. Hombres armados de los dos bandos se encontraban en la plaza de San Luis Acatlán y un enfrentamiento era inminente. Frente a la iglesia de San Isidro Labrador, el sacerdote convocó a la calma: “Hermanos, todos somos los mismos. Todos tenemos un enemigo común: la delincuencia”. Al final, la crac y la upoeg acordaron coexistir en diferentes zonas de influencia.
No sólo en las policías comunitarias hay una mano parroquial. El detonante de las autodefensas en Guerrero tiene, en su origen, el secuestro de un sacerdote. Es un personaje que ha tomado el cariz de leyenda y cuyo nombre se maneja con sigilo. La crac y la upoeg le protegen con extremo celo por el papel que ha jugado a su interior. Aquí se le llamará C.
Hoy, este cura delgado, serio y moreno —y tan seco y parco con los forasteros como una estatua de iglesia— oficia misa en una pequeña parroquia de la comunidad de El Mesón. Se le visitó ahí bajo estrictas instrucciones de los comunitarios de no revelar su ubicación. Estaba rodeado de hombres armados.
Para entender su importancia hay que explicar lo que significó su secuestro, que ocurrió cuando el padre C se dirigía a oficiar misa en Tonalá el 4 de enero de 2013. Mientras conducía su camioneta roja por una brecha, tres hombres armados le cerraron el paso. Como a muchos otros curas, lo levantaron.
Pero su caso fue diferente a los de Ssenyondo y Goyo porque ocurrió en un lugar en el que la ciudadanía ya estaba organizada y casi lista para actuar. A lo largo de varios meses, el sacerdote se había encargado de organizarles en células, las cuales tras su secuestro, reaccionaron como era de esperarse: movilizándose.
De las comunidades aledañas del municipio de Ayutla, uno de los más castigados por la delincuencia, llegaron cientos de hombres. Eran indígenas mixtecos y tlapanecos. En cosa de horas, batallones enteros de personas armadas con rifles, machetes, palos y hasta resorteras cerraron los caminos y sellaron la zona, algo que el Ejército y la policía local se negaron a hacer.
Ante ese despliegue nunca antes visto, el sacerdote fue liberado y sus captores huyeron. Su secuestro aceleró el surgimiento del movimiento de autodefensa más importante de Guerrero. Dos días después, el 6 de enero, en pleno Día de Reyes, estallaba como una bomba en los municipios de Ayutla y Tecoanapa.
En las semanas subsecuentes, pueblo por pueblo, los alzados expulsaron a las células del crimen organizado. En los primeros días del alzamiento fue posible ver al párroco entre las autodefensas. Como al padre Goyo de Apatzingán, le tocó estar en los momentos más duros del movimiento, en verdaderas batallas contra células de Guerreros Unidos y los Beltrán Leyva.
Meses después fue posible ubicarlo en la comunidad de El Mesón. El sacerdote iba saliendo de la comisaría de las autodefensas, en donde permanecían detenidos 54 presuntos colaboradores del crimen organizado. Eran hombres y mujeres acusados de vender droga, participar en secuestros, aplicar cobro de piso, asesinar, violar y desaparecer gente.
El padre se negó a hablar. Pero no hacía falta que lo hiciera. Su obra, una prisión repleta de criminales, yacía ante los ojos de todos para ser vista.
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