* Se incrementarán los abusos contra la población
Representantes de Organizaciones no gubernamentales señalaron que otorgar facultades policiacas al Ejército Mexicano de ninguna manera representa la solución al problema de inseguridad que enfrenta el país, advirtieron que tanto el Senado, como la Cámara de diputados federales pueden aprobar la Ley de Seguridad Interior durante las vacaciones de semana santa, lo que significa un albazo contra la población.
En el auditorio de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), especialistas sobre el tema hablaron sobre las implicaciones que tiene el dar cauce a las iniciativas que actualmente se discuten en las cámaras federales.
La convocatoria la lanzó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, pero concurrieron representantes de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y organismos independientes.
Todos ellos expusieron argumentos en contra de las iniciativas, que dijeron, otorgan un cheque en blanco al Ejército Mexicano para realizar actividades en materia de prevención del delito, investigación policíaca y hasta labores de espionaje en contra de la ciudadanía.
Todos advirtieron que la aprobación de dichos dictámenes implica entrar de lleno en un periodo en el que la milicia asume el control de la vida pública en el país, lo que implica un retroceso histórico porque se adopta un régimen similar al de una dictadura.
Las razones de la oposición
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuarez, recordó que de 2006 a la fecha, el involucrar a la fuerza militar en actividades que están relacionadas con la seguridad pública ha representado el saldo de por lo menos 130 mil personas desaparecidas.
En consecuencia, destacó que hay un planteamiento unánime, en el sentido de pedir al Senado de la República y la Cámara de diputados federales para que no aprueben los dictámenes relacionados con la Ley de Seguridad Interior durante los últimos días del mes de abril, que es cuando se estará en vacaciones de Semana Santa y la población se inmovilizará.
Eso, de acuerdo con el activista, implica dar un albazo en contra de la comunidad nacional.
También, dijo que los legisladores están obligados a presentar la evidencia de que la Ley de Seguridad Interior es la solución real al problema de violencia que enfrenta el país.
En ese sentido, refirió que las iniciativas no pueden aprobarse sin escuchar antes la voz de las victimas de los excesos cometidos en por parte de la milicia.
Jesús Robles Maloof, especialista en letalidad militar, señaló que la propuesta que está en análisis socava la Constitución General de la República, ya que en la redacción de 1917 prevé en el articulo 29, las condiciones en las que la fuerza militar puede asumir el control en puntos clave de la vida publica del país.
Secundar el llamado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que se apruebe dicha ley, en realidad es una convocatoria para romper con la Constitución.
Más aún, advirtió que en el apartado de información, la Sedena podrá requerir datos que personas agraviadas por diferentes abusos presenten ante la CNDH, lo que también rompe con la autonomía de dicho organismo.
Agregó: “Ellos pueden utilizar cualquier método para obtener información aplicando protocolos de seguridad nacional sin ser sujetos al control de un juez; ellos podrán grabar reuniones de carácter público, seguirnos físicamente y monitorear nuestros teléfonos sin tener que rendirle cuentas a nadie”.
En el consenso de los órganos de derechos humanos, debe mantenerse vigente el precepto constitucional que ordena que los trabajos en materia de seguridad pública deben estar en manos de autoridades civiles.
Insistieron en el hecho de que una ley como la que se propone viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lanzado la advertencia de que el concepto de Seguridad Interior resulta ambiguo, ambivalente, que puede propiciar abusos.
También advirtieron que una ley de ese tipo aumenta las violaciones a derechos humanos, porque eso es lo que ha sucedido en los últimos diez años, tomando como referencia lo que sucedía antes de 2006, cuando los militares no estaban involucrados en la lucha contra el crimen organizado.
Antes de 2006, en todo el país había en la CNDH un promedio de dos recomendaciones por año, en tanto que después del sexenio de Felipe Calderón, lo que hay es un promedio de 12 a 15 recomendaciones.
Más aún, destacaron que el despliegue militar de los últimos años no solo no ha reducido la violencia, en algunas regiones del país la ha incrementado en forma importante.