* Catalino Duarte asegura que hay la pretensión de proteger al compadre de «El Tequilero»
El ex diputado local, Catalino Duarte Ortuño sostuvo que por la manipulación que se ha registrado en el proceso, la Comisión Instructora del Congreso del Estado parece que tiene la consigna de proteger al diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Duarte Ortuño sostiene que el Juicio de Procedencia iniciado contra el diputado Beltrán Orozco está más manipulado que el que en su momento se inició contra Willy Reyes Ramos, ex alcalde de Tlapa de Comonfort, quien es señalado como autor intelectual del asesinato cometido contra Moisés Villanueva De Laluz, mejor conocido como el “diputado 500”.
El ex diputado local del PRD, así como ex secretario de la Comisión Instructora del Poder Legislativo, recuerda que es originario de la Tierra Caliente, por lo que tiene mucha información relacionada con el caso de Saúl Beltrán Orozco y con los problemas de seguridad que se enfrentan en la Tierra Caliente.
Entre otras cosas, refiere que como parte de la comisión que siguió el juicio de procedencia conta Willy Reyes, podría señalar que hay muchas similitudes, aunque en el caso de Saúl Beltrán las implicaciones hacia el Congreso son más delicadas.
“Yo percibo que hay una protección política en el caso, me preocupa porque eso genera impunidad y no quiero pensar que el Congreso quiere que haya más impunidad para gente que se señala en cuestiones de delitos graves”.
El también ex presidente municipal de Zirándaro, recordó que con base a la Constitución General de la República, la única instancia facultada para recibir pruebas cuando se comete un delito es el Ministerio Público, en su momento les llegan a auxiliar el comisario municipal y las policías.
Recordó que en el caso del diputado Beltrán, hubo una investigación en la que se acreditó que hubo un homicidio, en la indagatoria se acreditó quien lo consumo materialmente y quien lo ordenó, se recabaron las pruebas y se remitieron al juez, de ahí que se haya girado una orden de aprehensión.
Como Saúl Beltrán tiene fuero constitucional, dijo que se requiere el inicio de un juicio de procedencia, que va encaminado a separarlo del fuero para que esté en condiciones de ser llamado a cuentas.
Recordó que a Beltrán se le confirmó el compadrazgo con Raybel Jacobo De Almonte, líder del grupo delictivo conocido como «Los Tequileros», que es la organización criminal que mas daño a causado en el municipio de San Miguel Totolapan.
Como existe una investigación que ha sido consignada ante el juez, la que derivó en la liberación de una orden de aprehensión y se ha solicitado el juicio de procedencia por tratarse de un delito grave, la Comisión Instructora debió proceder al desafuero correspondiente, lo que hasta el momento no sucede.
Si no proceden al desafuero tal y como lo establece la ley, advirtió que los diputados pueden incurrir en una ilegalidad, lo que los coloca en la posibilidad de cometer un delito.
Indicó: “Podrían llevarse años recibiendo pruebas, pero nada de lo que reciban en ese juicio puede adquirir un valor probatorio ni es suficiente para desvirtuar el señalamiento del Ministerio Publico, por eso es que parece que en la Comisión Instructora solamente le dan tiempo al tiempo, caminan en la impunidad y creen que los guerrerenses, algunos les han de creer”.
Por la forma en que se han manejado las cosas, dijo que parece que los diputados esperan a que el Poder Judicial de la Federación le otorgue el amparo al diputado Beltrán, lo que también constituye una irregularidad.
“Parece que no quieren actuar en el tema”, anotó.
Insistió en que la Instructora no es la instancia adecuada para desvirtuar el proceso, de tal suerte que lo requerido hasta el momento, parece una estrategia dilatoria, lo que ya se observó en el juicio que en su momento se siguió contra el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos.
El jueves, dos agentes del Ministerio Público y una juez comparecieron solo ante el presidente de la Comisión Instructora del Congreso local a petición del diputado indiciado, lo que molestó a los otros cuatro integrantes de la comisión, por constituir eso una irregularidad.
Bajo dicha circunstancia, Duarte Ortuño refiere: “Se percibe que al menos en la comisión Instructora, lo que le están apostando es a la protección del diputado acusado”.
En consecuencia, dijo que lo más sano, para evitar que en este asunto se dañe la imagen del Congreso, el diputado Beltrán debería renunciar al cargo de diputado para enfrentar las acusaciones sin fuero constitucional.