Exigen justicia para abogado asesinado
Durante cinco horas y media, habitantes de la cabecera municipal de Tixtla bloquearon los cuatro accesos a dicha ciudad para exigir condiciones de seguridad pero sin excesos policíacos, insistieron en que se esclarezca el asesinato del abogado Eduardo Catarino Dircio y también pidieron que se revisen las causas penales integradas a 17 policías comunitarios de Acatempa.
La actividad comenzó desde las 07:00 horas del lunes 12 de junio, tal y como lo anunciaron los habitantes de la cabecera municipal y por lo menos diez comunidades, entre ellas Acatempa; Atliaca, El Ahuejote, La Estacada y El Troncón, entre otras.
Reclamaron que se investigue y sancione a los elementos que participaron en la balacera del domingo 4 de junio, cuando policías del estado persiguieron a un delincuente hasta la casa del abogado Eduardo Catarino Dircio, en donde la familia sostiene que lo asesinaron a quemarropa,
También pidieron que las actuaciones del personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se realicen siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, sin cometer excesos que resulten innecesarios.
El primer punto que se cerró fue el acceso que llega de Chilpancingo a través del antiguo libramiento, sobre la carretera federal que comunica con Tlapa de Comonfort.
El segundo punto de cierre quedó ubicado a pocos metros de la caseta de cobro del nuevo libramiento, que inicia en Tierras Prietas, en la parte norte de la capital de Guerrero.
Un tercer bloqueo se instaló en el punto en que desemboca la circulación que llega de Chilapa.
El cuarto punto estuvo en la salida hacia El Troncón, que también permite a los automovilistas trasladarse hacia Mochitlán.
Sin un líder visible, los habitantes de Tixtla esperan la llegada de funcionarios del gobierno estatal para instalar una mesa de trabajo.
Mientras las filas de autobuses de carga, unidades del transporte público y particulares crecían, una representación gubernamental encabezada por el subsecretario de Gobierno para asuntos políticos, Martín Maldonado; la delegada de Gobierno en la región Centro, Norma Yolanda Armenta y Ernesto Jacobo, fiscal regional de la Fiscalía General del Estado, llegaron hasta el nuevo libramiento para dialogar con los inconformes.
De los acuerdos
Para las 13:30 horas, el alcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén se daba a la tarea de dar a conoce algunos acuerdos pactados al calor de la protesta.
De primera instancia, dijo que se acordó el seguimiento puntual a la investigación que se abrió a partir del asesinato cometido en contra del abogado Eduardo Catarino Dircio, ya que la familia agraviada sostiene que fueron los policías estatales quienes lo asesinaron a balazos.
Pidieron también censar los daños colaterales que se provocaron en diferentes casas ubicadas en la avenida Insurgentes, a las que policías y militares se metieron con el argumento de buscar a los delincuentes que se les escapaban.
Una vez que se tenga dicho censo, los gobiernos del estado y la federación deberán pagar el monto de los daños.
También pidieron una delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que dicho tema sea difundido entre los diferentes sectores de la sociedad.
Para la mañana del martes, se espera que haya una reunión de carácter ejecutivo entre los pobladores de Tixtla y los representantes del gobierno.
En otra parte, también pidieron que la Fiscalía General del Estado acepte revisar las 19 ordenes de aprehensión que les fueron integradas de manera indebida, ya que ellos solamente han respaldado a sus compañeros cada que han sido objeto de ataques.
Con el acuerdo de que dichos asuntos se van a discutir este martes 13 de junio, las partes se van a reunir en las instalaciones del Palacio de Gobierno.