En ese tiempo, el caso fue turnado a la PGR
El ex procurador de justicia de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas justificó que durante su paso en la dependencia no hubo avances en el las investigaciones sobre el asesinato del ex diputado Armando Chavarría Barrera, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso 16 días antes de que él fuera nombrado titular, lo que prácticamente lo dejo atado de manos.
Mediante un oficio enviado al Congreso local, Sotelo Rosas respondió al informe sobre el asesinato de Chavarría Barrera, mismo que fue presentado por el fiscal Xavier Olea Peláez.
Olea dijo a los diputados que no hubo ningún avance en la investigación durante la administración de los dos primeros procuradores que tuvieron el caso en sus manos.
El ex procurador detalló que él asumió la titularidad de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) el 20 de junio de 2010, mediante el decreto 439, emitido por la 59 legislatura, lo cual ocurrió 16 después de que la PGR atrajera las investigaciones del asesinato de Chavarría Barrera.
Explicó que concluyó su responsabilidad al frente de la PGJ el 31 de marzo del 2011, por haber llegado al término la administración del Gobernador electo para el periodo 2005-2011, que entonces fue Zeferino Torreblanca Galindo, “fecha hasta la cual ningún órgano de procuración y/o de administración de justicia federal remitiera la averiguación a la procuraduría general de justicia”.
El oficio fue enviado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Guerrero, la diputada Flor Añorve Ocampo, quien lo recibió el pasado 24 de agosto, para posteriormente enviarlo al área de oficialía de partes, para darle el trámite correspondiente.
Los diputados de la sesión permanente fueron informados sobre el oficio al medio día de este miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente. El documento fue turnado a la JUCOPO y a la Comisión de Justicia para su conocimiento y efectos conducentes.
El pasado 15 de agosto el Congreso informó sobre la recepción del informe entregado por el Fiscal General del Estado sobre el homicidio de Chavarría Barrera, en el que señaló que cuatro ex procuradores y fiscales, así como dos encargados de despacho no realizaron ninguna averiguación sobre el asesinato de quien fuera presidente del Congreso local.
En el cierre de la administración de Torreblanca Galindo, el propio Sotelo Rosas declaró que el asunto estaba avanzado en un 95 porciento, ya que solamente hacía falta ubicar y detener a los responsables del crimen.