Viuda de Chavarría acusa a la Fiscalía de pretender cerrar el caso por la vía del capetazo

Solo trató de salir al paso, acusa Martha Obeso Cásares
La señora Martha Obeso Cásares, viuda de Armando Chavarría Barrera, sostuvo que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretendió resolver el caso por medio de un carpetazo, lo que se evidenció cuando el titular de la dependencia, Javier Olea Peláez no cumplió con el anunció de presentar un informe final sobre el atentado del 20 de agosto de 2009.
Entrevistada en las instalaciones del Congreso, Obeso Cásares consideró que el compromiso que asumió Olea Peláez durante la comparecencia que hizo ante diputados locales el 26 de junio, de que a más tardar en tres semanas  entregaría los resultados de la investigación del caso Chavarría, fue una salida más ante todos los casos que tiene sin resolver.
“No existe un expediente que pueda ser consignado y que exista una investigación altamente profesional y transparente para concluir con la investigación del magnicidio (…) A la vista de todos yo creo que fue una salida más del fiscal, está tan cercado por el cúmulo de asesinatos, todos de altísimo impacto social, aquí no podemos decir uno más que otro,  pero además es una intención que él tiene de dar carpetazo”, señaló.
Obeso Cázares acudió al Congreso local para dar continuidad con la gestión que ha llevado durante seis años ante las últimas dos legislaturas, para que el 20 de agosto, día en que asesinaron a Armando Chavarría Barrera, sea instituido como un día de luto estatal “por el significado que tuvo y tiene la ejecución de quien era cabeza del poder legislativo en 2009”.
Aseguró que el Fiscal del Estado tampoco a ella le ha dado información sobre el caso de su esposo, y que con los detalles que cuenta sobre la investigación son los mismos que se han dado a conocer con anterioridad: que el homicidio está vinculado a la guerrilla, aunque recordó que dicha línea ya fue desechada por el Tribunal Unitario y el Juzgado Séptimo de Distrito, cuando el entonces gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, solicitó órdenes de aprehensión en contra de cuatro supuestos integrantes del ERPI.  
Señaló que ante la falta de resultados en las instancias locales sobre el homicidio, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una investigación, la cual está en proceso de admisión.
“Hemos tenido que acudir a instancias internacionales, esa es la ruta que estamos siguiendo en busca de justicia, porque aquí se nos ha negado no solo a nosotros, sino Guerrero es un estado muestra de la altísima impunidad que permea en todo el país”, indicó.