Confirma que hay varias investigaciones abiertas en contra el compadre de Raybel Jacobo de Almonte; “homicida, narcotraficante y secuestrador”
Ante los integrantes de las comisiones unidas de Coordinación Política, Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez sostuvo que el diputado local con licencia, Saúl Beltrán Orozco es “El tequilero número uno” en la Tierra Caliente de Guerrero, por encima del “homicida, narcotraficante y secuestrador” Raybel Jacobo de Almonte.
En la comparecencia que se desahoga en la sala José Francisco Ruiz Massieu, el titular de la FGE habló sobre los casos de mayor interés que permanecen en la atención de la opinión pública, principalmente porque no se han esclarecido.
Al hacer referencia al caso del diputado Beltrán Orozco, el titular de la FGE se refirió al todavía integrante de la fracción parlamentaria del PRI como “El tequilero mayor”, para también agregar que “el diputado de marras es parte de varias investigaciones”, ya que existen varias carpetas de investigación iniciadas en contra del representante popular.
Olea Peláez sostuvo que la institución a su cargo no descansará hasta llevar ante la ley al también ex presidente municipal de San Miguel Totolapan, aunque aclaró que para ello se cumplirá con todas las formalidades.
Recordó que en las investigaciones que están en curso, se toma en cuenta el dato documentado en diferentes medios de comunicación, en el sentido de que Beltrán Orozco es compadre de Raybel Jacobo de Almonte, delincuente al que calificó como “homicida, narcotraficante y secuestrador”.
De los antecedentes
En la exposición planteada ante los 17 diputados que participan en la jornada de comparecencias programada para este lunes 26 de junio, Olea recordó que la orden de aprehensión contra Beltrán Orozco se liberó el 9 de enero de 2017 por parte de la juez de primera instancia del Disrito Judicial de Cuauhtémoc, quien le imputó el delito de homicidio calificado en contra de Antonio Zeferino Gil, trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totolapan.
Explicó que el día del asesinato cometido contra el empleado del municipio, los familiares se negaron a que se realizara la necropsia de ley, de tal suerte que en el plano jurídico, no se tiene la certeza “de que el occiso sea el occiso”.
Es decir: “No tenemos la certeza de que hubiese perdido la vida por disparo de arma de fuego, por lo tanto, la institución a mi cargo no cuenta con antecedentes suficientes”.
El 17 de enero, la FGE informó a la juez la imposibilidad jurídica y material de detener a Saúl Beltrán, en razón del cargo que ostentaba como diputado integrante de la 61 legislatura local, lo que implica que gozaba de fuero constitucional y en consecuencia, inmunidad ante la acción de la justicia.
En consecuencia, refirió que el 1 de febrero, la FGE tramitó la declaración de procedencia con la intención de suspender la inmunidad de la que gozaba Beltrán.
Recordó que fue Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Mesa Directiva, mediante oficio HCE/MD/MCD/077/2017 de fecha 08/febrero de 2017 solicitó al juez de la causa la suspensión del procedimiento, en atención, el juez suspendió el procedimiento y notificó al Ministerio Público, para que no fuera ejecutada la orden de aprehensión, situación que confirmó la imposibilidad para que la FGE ordenara la aprehensión del acusado.
Para el 4 de mayo de 2017, la presidenta de la Mesa Directiva notificó a la FGE, que en sesión por unanimidad se aprobó la licencia indefinida del diputado Beltrán.
En ese momento, destacó que tampoco se podía ejecutar la orden de aprehensión por varias circunstancias, entre otras cosas porque estaba suspendido el procedimiento por el caso de Antonio Zeferino Gil.
Beltrán promovió amparo ante el Poder Judicial Federal, señalando la orden de aprehensión girada en su contra, lo que ha prolongado la acción penal en su contra.