* El MP debió solicitar el Juicio de Procedencia
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado sostuvo que la orden de aprehensión girada contra el diputado local del PRI, Saúl Beltrán Abarca está ajustada a derecho, aunque reconoce que antes, el Ministerio Público (PM) debió solicitar el juicio de procedencia para despojarlo del fuero constitucional.
En las instalaciones del antiguo Congreso local, hoy habilitado como sala de plenos del Consejo de la Judicatura, Robles Hurtado habló sobre el procedimiento judicial que una juez de lo penal inició contra el también ex alcalde de San Miguel Totolapan.
Ante el cuestionamiento hecho por la Fiscalía General del Estado (FGE), en el sentido de que la juez de lo penal, radicada en la ciudad de Iguala procedió en forma errónea ya que Beltrán Orozco, por su carácter de diputado local tiene fuero constitucional, el presidente del TSJ hizo una precisión al respecto.
“Técnicamente, si la juez si no tienen conocimiento formal de esta circunstancia (la condición de diputado del inculpado) tiene que dictar como lo hizo, la sentencia en esa circunstancia, posteriormente sucede que la Fiscalía establece el procedimiento respectivo, que es solicitar el desafuero, que tengo entendido que ya lo está haciendo”, anotó.
De subsistir una irregularidad, indicó que no fue la juez quien incurrió en ella, pues es el Ministerio Público (dependiente de la FGE), quien técnicamente debió solicitar el juicio de procedencia al Poder Legislativo.
En todo caso, dijo que la juez tuvo los elementos de prueba en contra del acusado, los valoró y sin tener constancia de que el inculpado tuviera fuero constitucional emitió la orden de aprehensión correspondiente.
Insistió en el hecho de que la instancia encargada de integrar las carpetas de investigación o averiguaciones previas es el agente del MP, los jueces actúan siempre a petición de parte.
Destacó: “En términos generales, lo que puedo decir es que se actuó conforme a derecho”.
Explicó que en todos los casos, lo que deben hacer las instituciones es ajustarse a los procedimientos que establece la ley, pues si se trabaja al vapor se corre el riesgo de tener acciones endebles.
También recordó que el Poder Judicial actúa bajo la premisa de que en todos los casos se presume la inocencia, no la culpabilidad, por lo que el diputado Beltrán, a quien se acusa del asesinato de un sacerdote y un empleado del ayuntamiento, tendrá la oportunidad de recurrir a un abogado para que lo defienda.