Hay casi de 30 mil casos en todo el país, mil 115 en Guerrero
El representante del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos, Jan Jarab y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez consideraron como grave la ausencia de una legislación general en materia de desaparición de involuntaria de personas, ya que al no tipificarla como un delito grave, se alienta la impunidad entre los perpetradores.
En la sede diocesana de Chilpancingo, los representantes de la ONU y CNDH participaron al foro denominado “Contra el dolor y el miedo”, convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, al que acudieron representantes del colectivo “Nos Faltan 43”, que aglutina a los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, atacados en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Estuvieron representantes de “Los otros desaparecidos de Iguala”, del colectivo “Siempre vivos” de Chilapa de Alvarez, así como grupos de diferentes partes de la República que comparten el mismo problema, la desaparición involuntaria de cientos de personas, muchas de ellas relacionadas con actos de poder o del crimen organizado.
La terrible coincidencia
En la exposición del alto comisionado de la ONU y del presidente de la CNDH, se tuvo como coincidencia el argumento de que la desaparición de personas es un fenómeno que duele a todos, principalmente porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho no se le ha podido erradicar.
“La desaparición forzada de personas y aquella cometida por particulares, lamentablemente continua siendo una realidad en el país y constituyen uno de los actos más graves con los que se atenta y niega la dignidad humana”.
En el caso de la desaparición forzada, se indicó que representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, que es considerada de naturaleza continua o permanente, ya que no se agota con el acto privativo de la libertad, por el contrario, su consumación se prolonga hasta en tanto la victima aparezca o se determine su destino.
Las desapariciones de personas, de acuerdo con los máximos representantes de instancias de derechos humanos que hay en el país y en la ONU, no solo perjudican a las víctimas directas, también alcanzan a sus familias y por lo tanto, las autoridades deben hacer de las herramientas necesarias para atender el problema de manera integral.
Entre la razones que permiten que el fenómeno prevalezca, de acuerdo con las exposiciones, está la ausencia de una ley general en la materia, que regule todos los aspectos de la desaparición forzada, la que actualmente se encuentra sujeta a discusión en el Congreso de la Unión.
También se mencionó la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la falta de equipos profesionales para realizar dichas búsquedas y también la ausencia de un adecuado registro de casos presentados, que permitan distinguir claramente los asuntos que impliquen una desaparición forzada.
Entre otras cosas, se hizo notar que hace falta coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas.
Incluso, se señaló la escasa capacitación que hay en los servidores públicos que deben atender este tema, lo que se agrava cuando se toma en cuenta el nivel de impunidad y violencia que prevalece en algunas partes del país.
La estadística negra
De acuerdo con los reportes dados a conocer por la CNDH, hasta octubre de 2016 se tiene un registro de 29 mil 903 personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, de ellas 28 mil 937 corresponden al Fuero Común y 966 al Fuero Federal.
Además, se tiene que en los últimos 10 años hay un incremento de personas desaparecidas, pues en 2007 hubo 662 casos; en 2008 se contaron 822; en 2009 mil 401; en 2010 3 mil 227; en 2011 4 mil 094 casos; en 2012 fueron 3 mil 343; en 2013 3 mil 878; en 2014 4 mil 2014; en 2015 3 mil 768 y para octubre de 2016 se registraron 3 mil 805 casos de desaparición de personas.
El 82. 71 porciento de los casos reportados corresponden a 23 mil 934 casos registrados en 11 estados de la República.
Tamaulipas ocupa el primer lugar con 5 mil 563 casos; Estado de México es el segundo con 10 2 mil 984; el tercero es Jalisco con 2 mil 523; cuarto Sinaloa con 2 mil 385; quinto Nuevo León con 2 mil 374; sexto Chihuahua con mil 933; séptimo Coahuila con mil 620; séptimo Sonora con mil 288; octavo Guerrero con mil 115; noveno Puebla con mil 080 y la décima posición la ocupa Michoacán con mil 029 casos no esclarecidos.
En el delito de Desaparición Forzada, de 2011 a 2015, la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, especializada en ese delito inició 18 averiguaciones previas, de ella 11 continúan en trámite, en 4 se determinó el no ejercicio de la acción penal, 2 se remitieron por incompetencia a la Fiscalía de Delitos Graves y la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
También de 2011 a 2015, la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió por incompetencia 57 averiguaciones previas, 45 se encuentran en trámite y en dos se determinó el no ejercicio de la acción penal, 3 fueron remitidas por incompetencia, en tanto que en 7 indagatorias se emitió el acuerdo correspondiente.
El factor que prevalece en torno al tema de la desaparición de personas, de acuerdo con los participantes en el foro realizado en Chilpancingo, es la impunidad.