Integrantes del Frente Nacional por la Seguridad (FNS) documentan casos y secuelas de violencia digital en el estado de Guerrero, la mayoría de los casos derivan de publicaciones colocadas en Facebook.
Yolotzin Jaimes Rendón, es una especialista que forma parte del FNS, que trabaja en la búsqueda de mecanismos que permitan visibilizar la violencia digital, porque hasta el momento carece de marco jurídico.
Reconoció que los recursos que se tienen actualmente son muy limitados y las víctimas no tienen a donde acudir, por eso es que hay pequeños esfuerzos que demandan mucha dedicación para ir cubriendo los grandes huecos que existen al respecto.
Sostuvo que la instituciones del Estado Mexicano deben hacerse cargo de la atención que requiere ese tipo de violencia, lo que implica generar el marco legal necesario para integrarlo a la Ley de Acceso a una vida Libre de Violencia para las Mujeres.
A estas alturas, dijo que en Guerrero ya existe violencia digital, que va más allá de la que se puede imaginar la ciudadanía y que mayoritariamente se conoce como “porno-venganza”.
Ese tipo de violencia dijo que se ha registrado en ciudades como Acapulco, Iguala y Chilpancingo.
“En Iguala tuvimos un caso muy grave; una chica fue exhibida con una manta colgada en un puente en la que se le calificaba como –una zorra-, al poco tiempo fue víctima de una violación tumultaria”, ejemplificó.
Destacó que en Veracruz y el Estado de México se han presentado varios suicidios, en tanto que en Guerrero son muchos los desplazamientos que se han registrado como consecuencia de dicha práctica.
“Resulta que las jóvenes ya no pueden estar más en sus pueblos porque son señaladas y se tienen que ir”, destacó.
Hasta el momento, en Guerrero existe un registro de 22 casos de violencia digital en un periodo de seis meses, que es cuando comenzaron los trabajos de monitoreo del FNS.
Los municipios que presentan este problema son principalmente Acapulco, Iguala, San Jerónimo, Chilpancingo y Taxco.
Por la ausencia de un marco legal, la activista refiere que en la mayoría de los casos, la Policía Cibernética no sabe que hacer.
Las víctimas potenciales más propensas son las niñas de 8, 9, 10, 11 y 12 años, en la mayoría de los casos se les obliga a compartir imágenes y videos personales, para después tratar de obligarlas a tener relaciones sexuales.
Jaimes Rendón manifestó que la organización a la que pertenece tiene muchas limitaciones, por lo que ha centrado sus esfuerzos en tratar de que se genere una discusión relacionada con la necesidad de crear un marco legal para frenar la violencia digital.
Entre otras cosas, el trabajo de monitoreo realizado por el colectivo incorporado al FNS ha permitido detectar grupos de trata de personas, lo que debe también encuadrarse dentro del marco de la ley, para frenar otra variante que facilita la esclavitud sexual de mujeres y niñas.