La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado al gobierno de Guerrero para que esclarezca el asesinato de 28 reos cometido al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Las Cruces, en Acapulco.
Ambas agencias emitieron un comunicado en el que condenaron el asesinato de los 28 internos, ocurrido la madrugada del pasado jueves, por lo que pidieron justicia para las víctimas, lo cual consideraron como una medida de prevención para garantizar la no repetición de los hechos.
“Las mencionadas agencias hacen un llamado a las autoridades correspondientes para conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia sucedida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares. Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables”, solicitaron.
Tanto la UNODC y la ONU-DH recordaron al gobierno de Guerrero, como responsable de la operación de los reclusorios estatales, que deben atender las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, las cuales establecen que todos los reclusos serán tratados con respeto y merecen dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos, velando en todo momento por su seguridad.
Las agencias señalaron que están dispuestas a brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con la finalidad de fortalecer sus capacidades institucionales del sistema penitenciario, y expresaron condolencias y solidaridad para con las víctimas de la masacre ocurrida en el penal de Acapulco.
De acuerdo con información del Grupo de Coordinación Guerrero, fueron identificados 11 reclusos y tres custodios como presuntos responsables de participar y organizar la muerte de los 28 internos del CERESO, sin embargo, sólo a los custodios se les ha iniciado un proceso judicial, luego de que la Fiscalía General del Estado logró sustentar su responsabilidad en los hechos.