La masacre de La Concepción, consecuencia de la polarización generada por La Parota

Hay dos grupos, uno con grupo armado a su favor     

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, la masacre registrada el La Concepción, en la zona rural de Acapulco es consecuencia de la división que generó entre los bienes comunales de Cacahuatepec el proyecto hidroeléctrico de La Parota, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Vía telefónica, Navarrete Magdaleno reconoció que lo sucedido la madrugada del domingo 7 de enero, cuando ocho personas fueron asesinadas en la comisaría de La Concepción, y después, en un enfrentamiento con la policía murieron otros tres civiles armados, es producto de un largo proceso de polarización.     

“El proyecto puede ser bueno, pero hay que manejarlo cuidando la concordia entre las personas”, dijo el ombudsman en referencia a la propuesta de construir en La Parota una presa hidroeléctrica de grandes dimensiones.

Sobre los hechos del domingo, dijo que la CDHEG ya inició una investigación encaminada a saber que fue lo que pasó, para tener certeza en cada una de sus actuaciones.

Aclaró que la instancia facultada constitucionalmente para investigar los delitos es la Fiscalía General del Estado (FGE), por ello es que cada instancia se encuentra trabajando dentro de su ámbito de competencia.

Reconoció que en la zona rural de Acapulco están conformados dos grupos muy claramente definidos; uno que respalda el proyecto de la CFE y otro que mantiene una postura en contra.  

En ambos casos, dijo que la obligación de la CDHEG es garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas.

“Lo que observamos es que hay dos grupos antagónicos y este grupo armado -el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)- obedece a una de las partes (la de Marco Antonio Suastegui Muñoz), entonces una de las partes tiene policía y otra no”, apuntó.

Hizo un llamado al Congreso local para que haya un marco legal bien definido para los grupos que se manejan como policías comunitarios, con la intención de que se hagan responsables de sus hechos, pues no pueden seguir solo con atribuciones y con muy pocas responsabilidades.