ha logrado lo que las autoridades no, señala un artículo incluido en el semanario Desde la Fe
El semanario católico Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis Primada de México (APM), incluyó en sus contenidos un artículo titulado “El país se desangra”, en el que pondera los resultados positivos que arrojan las reuniones del obispo Salvador Rangel Mendoza con integrantes del crimen organizado.
Para la APM, es necesario que la Iglesia promueva acuerdos de paz con los criminales, ante la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.
En la edición de “Desde la Fe, se anota que durante las últimas semanas, en distintas regiones del país la violencia he propiciado un lamentable derramamiento de sangre, pues no ha dado tregua.
Por eso, dedica una parte del texto a las platicas que el obispo Rangel Mendoza sostuvo con varios líderes de organizaciones delictivas.
Ante la ausencia de autoridades que logren controlar al crimen, “es necesario que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos, algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que, en el pasado, gozaban de respeto”.
Se hace referencia al hecho de qué, el 28 de mayo, el obispo Salvador Rangel Mendoza se reunió con miembros de la delincuencia organizada para acordar lo que las autoridades no han podido garantizar: seguridad para la población.
En el texto se reconoce que las reuniones de Rangel Mendoza han provocado la molestia de autoridades “que han enarbolado el discurso triunfalista de que todo va bien, de que no hay problemas ni dificultades, que en el fondo lo que buscan ocultar es la verdad”.
Reconoce que el clero “no se salva del horror” que genera la violencia del crimen, por lo que ponderan el trabajo del obispo.
“El clero de la región, así como de otras partes del país, no se salva de este horror que ni siquiera se vio en la era del comunismo o en las persecuciones religiosas, por el nivel descarnado e inmisericorde que la delincuencia hace de la violencia si no hay respuesta a sus demandas y amenazas”, enfatiza el articulo.
En el mismo documento, se anota que varios sacerdotes deben de manera obligatoria pagar una “cuota por derecho de piso para realizar sus actividades parroquiales”, de lo contrario se colocan en una posición de riesgo.
Pero el pago de dicha cuota puede ser lo menos importante, pues se anota que “muchos sacerdotes en comunidades apartadas del país son blanco fácil y viven bajo la gran presión del crimen organizado, que les impide realizar su misión evangelizadora, prohibiéndoles incluso pronunciar la palabra narcotráfico o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida”.