*La infiltración no es ajena para los alcaldes, señala la presidenta del Congreso
Para la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, el alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello podría ser objeto de un Juicio Político, no solo por permitir que hubiera más de 60 policías preventivos relacionados con el crimen organizado, también por ofrecer que los defenderá jurídicamente.
Añorve Ocampo consideró lamentable lo sucedido en el inicio de la semana en Zihuatanejo, ya que confirma lo que se ha manejado en diferentes momentos, en el sentido de que los gobiernos municipales no están asumiendo su responsabilidad en el tema de la inseguridad, ya que dejan todo en manos del gobierno del estado y la federación.
Una vez que los ayuntamientos no asumen directamente el compromiso de combatir a la delincuencia, dijo que por lo menos deberían tener el hábito de hacer revisiones periódicas a la plantilla que integran las policías a su cargo, pues no hay manera de que se tenga una corporación policíaca contaminada y no estén enterados.
Lo más grave, dijo que es el hecho de que el alcalde García Bello haya anunciado que defenderá jurídicamente a los elementos que fueron desarmados.
“Eso amerita el cese de los presidentes municipales, que se les haga juicio político aquí (en el Congreso) o que haya alguna otra situación”.
Aclaró que no ha recibido ninguna petición de juicio político, también aclaró que no lo va a propiciar, pero si destacó que eso es algo posible si los presidentes municipales actúan con omisión ante problemas como el de la infiltración de su policía preventiva.
Indicó que al ser los alcaldes los directamente responsables del desempeño de sus policías, cualquier situación que se presente, ellos deben asumir esa situación.
Consideró necesario ir a fondo en el asunto, además de revisar que otros casos similares hay, para que se acelere el trabajo de depuración.
Para la diputada Añorve, si en 2014 se hubiera realizado una situación similar en Iguala de la Independencia, probablemente no se hubiera presentado la tragedia del 26 de septiembre, cuando fueron asesinadas seis personas y desaparecieran 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Indicó que si la sociedad sabe de la contaminación de una corporación policíaca, un presidente no queda exento de responsabilidad, razón por la que sus omisiones deban investigarse y sancionarse si hay elementos para ello.