Cuestionan que padres de los 43 propicien una cacería de brujas, no que pidan justicia
La Comisión Política de Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) defendió el derecho que su dirigente moral, el ex gobernador Angel Aguirre Rivero tiene de participar en los comicios de 2018.
La jornada del domingo 19 de noviembre, Luis Estephano Cervantes García, integrante de la Comisión Política de IPG dio a conocer la respuesta que dicha expresión interna del PRD tiene en torno al anuncio hecho por el colectivo “Nos faltan 43” y la Normal Rural de Ayotzinapa, en el sentido de no permitir que participe en los comicios del año entrante como candidato a diputado federal por el distrito 08.
Dijo que IPG es una corriente política que forma parte del PRD, que hace propia la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos en la ciudad de iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Recordó que de acuerdo a dichos acontecimientos, el dirigente moral de la IPG, Aguirre Rivero optó por solicitar licencia al cargo de gobernador, sin que existiera procedimiento legal alguno en su contra.
Dicha licencia tuvo la intención de darle certeza a todos y cada uno de los guerrerenses que cuestionaban lo sucedido durante la noche de Iguala.
También recordó que en febrero pasado, la comisión de examen previo del Congreso de la Unión analizó la situación jurídica del juicio político interpuesto en contra de Ángel Aguirre, el cual fue desechado y prescrito por no haberse encontrado causa legal alguna.
Por esa razón, la Comisión Política de IPG tiene a salvo sus derechos políticos y jurídicos, lo que le permite participar activamente en la función pública, sin tener ningún impedimento legal.
“Estos lamentables hechos le pudieron haber tocado a cualquier gobernador en funciones y que hoy esta tipificado que se trato de delicuencia organizada, según los estudios y dictámenes emitidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)., figura que fue creada por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la CIDH, situación que recae en el ámbito federal, ojalá las investigaciones continúen y se abran todas las líneas que se consideren pertinentes”, refiere la postura de IPG.
En la parte final, señalan que la postura de los padres de los 43 parece más encaminado a desatar una Cacería de brujas, no una petición legal de que se haga justicia.