De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, las familias desplazadas de Quetzalcoatlán, tras la masacre de seis habitantes la madrugada del 6 de enero de 2016, permanecen sin un lugar donde vivir, sin acceso a servicios básicos ni medidas cautelares, expuestos a sufrir nuevas agresiones.
Vía comunicado, el organismo recordó que la madrugada del 6 de enero del año pasado, un grupo de hombres armados entraron a la comunidad nahua de Quetzalcoatlan, en donde asesinaron a seis personas a balazos, razón por la que sus pobladores tuvieron que desplazarse hacia la cabecera municipal de Zitlala.
Siete meses después, el 15 de julio, las familias que permanecían en el albergue temporal regresaron a su comunidad, tras reunirse con la Directora General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, Mariana Contreras Soto; la Representante de la Subsecretaria del Gobierno de Desarrollo político, Ofelia Morales Jiménez; el Visitador Adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos, Adelaido Memije Martínez y el Secretario General del ayuntamiento, Roberto Pancito.
“Todos ellos firmaron una Acta Circunstanciada donde el gobierno estatal se deslinda por completo de los desplazados”, denunció el Centro de Derechos Humanos.
El documento dado a conocer la jornada del jueves, refiere que como alternativa para dar una solución “duradera” a los desplazados, la administración estatal entregó a las familias la cantidad de ocho mil pesos, también se comisionó al ayuntamiento la entrega de sesenta colchonetas, sesenta cobertores y 48 despensas, lo que a más de medio año no se ha cumplido.
Aunque el alcalde Roberto Zapoteco estableció el compromiso verbal de apoyar con otro recurso económico a los desplazados, esto no se ha materializado y lo que se considera más grave, las familias afectadas firmaron el Acta Circunstanciada sin entender los términos, en los que concretamente renuncian a sus derechos.
El comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos de Chilapa, refiere que los pobladores de Quetzalcoatlan, aun estando en su comunidad permanecen en calidad de desplazados, pues el gobierno no ha cumplido con lo que la ley 487 establece para prevenir y atender el desplazamiento interno, ordenamiento que menciona que los desplazados deben gozar todos los derechos dispuestos en la constitución mexicana, conforme al artículo primero; fracción IV, 5 y 6 de dicha ley, que indica que los menores deben vivir en un lugar seguro libre de maltrato y de cualquier tipo de violencia, tener acceso a educación básica.
El mandato legal estipula que “los desplazados tienen derecho a transitar de manera libre dentro del territorio”, que se les “proporcionará un lugar para su reubicación, caso contrario, será retornado a su lugar de origen brindando se garanticen las condiciones de vida dignas y de seguridad necesarias”.
Sin embargo, se anota que en Quetzalcoatlán carecen de agua potable, educación, personal de salud y medicamentos.
Para vender sus productos y comprar alimentos, los pobladores tienen que salir de la comunidad sin medidas cautelares, lo que pone su vida en una situación de riesgo constante.
Se advierte: “Las condiciones de vida donde se encuentran viviendo los desplazados de Quetzalcoatlan son muy precarias, los pobladores manifiestan tener miedo pues en caso de sufrir otro ataque de la misma o mayor magnitud sus viviendas no serán un refugio donde puedan salvaguardar sus vidas”.