Denuncian que también han sido agredidos
Comisarios de la zona rural de Chilapa se deslindaron de cualquier vínculo con el cártel de los “Ardillos” y lo que denominan como su principal brazo armado, “Comunitarios por la paz y la justicia”.
La jornada del lunes 4 de septiembre, el vocero del colectivo “Los otros desaparecidos”, José Díaz Navarro denuncio que “Los Ardillos”, liderados por los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez ya tienen bajo su control por lo menos diez municipios de la región Centro y Montaña baja, lo que también les permite manipular a grupos que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tiene en Chilapa y Tixtla.
De primera instancia, Jesús Placido Galindo, integrante del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata del Estado de Guerrero (CIPOG) precisó que las autoridades de la CRAC, así como sus policías son nombrados siempre en asambleas en los pueblos y nunca de manera unilateral, por esa razón rechazó cualquier vínculo con las organizaciones delictivas que se disputan el control del corredor que va de Chilapa hacia Tixtla.
Precisó que la CRAC no es un grupo, es una institución cuya existencia y acciones están fundadas en la Ley 701, relacionada con los derechos y cultura indígena, la cual deriva de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Explicó que la casa de justicia que de manera inicial se instaló en El Rincón de Chautla, ahora se mudó al punto conocido como Monte de Calvario, en la localidad de Acahuehuetlán, a partir de un acuerdo alcanzado el 20 de agosto pasado.
El representante dijo la Casa de Justicia de Monte Calvario no tiene relación con los Ardillos, razón por la que solicitaron al profesor Díaz Navarro, que si cuenta con elementos para denunciar a las personas que han sido cooptadas por dicha organización delictiva, los proporciones para que la asamblea comunitaria proceda, pero que emita declaraciones muy generales.
“Nosotros lo que pedimos es que haya un señalamiento directo, pero que no se genere descrédito en contra de los pueblos, que de por sí enfrenta serios problemas”, anotó.
Juan Ozotempa Silverio, coordinador de la Casa de Justicia de referencia indicó que las declaraciones del vocero de “Siempre vivos” generan confusión entre la sociedad guerrerense y de todo el país, porque se generaliza un señalamiento muy severo.
Por esa razón, dijo que en la CRAC existe desacuerdo en contra de lo que sucede en la cabecera municipal de Chilapa, en donde el tejido social está sumamente deteriorado por la actuación de los grupos delictivos.
La intención de los delincuentes, dijo que es generar confusión para desarticular a las verdaderas policías comunitarias, lo que puede cumplirse si no se hacen las precisiones correspondientes.
“Nuestro jefe es la asamblea general de autoridades comunitarias y la población en general, se encarga de nombrar y ratificar a las autoridades comunitarias”, anotó.
En todo caso, hicieron una convocatoria al profesor Díaz Navarro para que instituya su propia policía comunitaria en Chilapa, para efecto de que confirme que sí hay condiciones para integrar auténticos movimientos sustentados en la organización de los pueblos.
La CRAC de Monte Calvario está integrada por 16 comunidades de Chilapa, aunque también hay pueblos de Hueycantenango que se han acercado para solicitar que se les incorpore al sistema de seguridad y justicia.
Reconocieron que “Paz y Justicia” son en realidad un grupo armado a las órdenes de los Ardillos, pero negaron tener cualquier acuerdo con ellos.
De hecho, los comisarios manifestaron que Paz y Justicia ha intentado ingresar a su zona de influencia, lo que ha generado momentos de tensión.
“Ya nos pasó que nos levantaron a un compañero y tuvimos que ir a quitárselo a los de Paz y Justicia, hubo personas que vieron como se lo llevaron, por eso lo fuimos a reclamar, de lo contrario se nos hubiera perdido y ya”, anotó Placido Galindo.
Amador Cortez Robledo, asesor del Consejo Popular Indígena, manifestó que vincular a la CRAC con la delincuencia forma parte de un intento de acabar con la imagen de dicha organización de los pueblos indígena, para primero desprestigiar y luego justificar una agresión institucional.