El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) avaló la primer iniciativa de ley popular sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, tras un trabajo de verificación que consistió en seis días de consulta entre ciudadanos firmantes.
En la tercera sesión extraordinaria del año, la presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes, resaltó que el trabajo del instituto se basó en hacer una revisión a una muestra conformada por 600 ciudadanos, de un total de 5 mil 963, para verificar que quienes firmaron la iniciativa popular lo hicieran de manera “voluntaria y libre”.
“Fue un trabajo complejo del IEPC para verificar que 600 ciudadanos que constituían la muestra, efectivamente hubiesen firmado, de esos 600 ciudadanos se pudo verificar persona a personas a 591 ciudadanos, a 9 no fue posible localizarlos y uno de ellos ya había fallecido”, precisó.
El secretario ejecutivo del instituto, Pedro Pablo Martínez Ortíz abundó que el número de ciudadanos firmantes de la iniciativa popular de Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cumplió, incluso superó la cifra del 0.2 por ciento del padrón electoral que establece el artículo 35 de la Ley 684 de Participación Ciudadana del Estado.
“De los ciudadanos firmantes de la iniciativa popular, 5 mil 963 está en padrón electoral y 5 mil 855 en lista nominal de electores, lo que representa una cantidad superior al 0.2 por ciento del padrón y lista nominal de electores”, resaltó.
Asimismo, los representantes partidistas, como César Julián Bernal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Millán del Partido Acción Nacional (PAN) y Sergio Montes Carrillo del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), celebraron la participación de la ciudadanía en la construcción de la iniciativa popular, por “romper” con el monopolio de las iniciativas de ley, como lo relató el representante del partido tricolor.
Luego de que la resolución del IEPC, fuera aprobada por unanimidad, Reyes Reyes señaló que en breve se notificaría al Congreso del Estado y al Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y al Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, que fueron quienes promovieron la iniciativa popular, ante la modificación de la Ley 701.