Si el Congreso no regresa el reconocimiento de la Policía Comunitaria (PC) a la Constitución local
Rogelio Agustín
Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) podrían impedir el desarrollo de las elecciones del 6 de junio en 250 pueblos, ubicados en 28 municipios en los que su sistema de seguridad y justicia tiene presencia desde hace más de 25 años, a partir de que el Congreso local no aprueba la reforma en materia de derechos y cultura indígena.
Eufemio Cesáreo Sánchez, consejero de la Casa de Justicia de Caxitepec, municipio de Acatepec, comentó que en días pasados, los representantes de las cinco casas de justicia que integran a la Policía Comunitaria se reunieron para analizar lo grave que resulta el hecho de que hasta el momento, el Congreso de Guerrero no haya aprobado la reforma en materia de derechos y cultura indígena.
Admitió que tomar la decisión no fue fácil y que la discusión entre los representantes del sistema fue muy amplia, por las implicaciones que tiene plantear el boicot al desarrollo del proceso electoral en lo que se tiene delimitado como “territorio comunitario”.
“Nosotros acordamos que si no se aprueba la iniciativa de reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas, la que ya está presentada ante el Congreso del estado y ante la cual los diputados han hecho caso omiso, pues no han emitido el dictamen correspondiente”, anotó.
Indicó: “Sabemos que es un tema muy delicado, pero también sabemos que vale la pena, porque otros se andan movilizando porque les quitaron a su candidato, ahí si es importante pero como siempre, el tema de los pueblos indígenas les resulta intrascendente”.
Explicó que la reforma que se reclama es necesaria para los pueblos indígenas y afromexicanos, que desde la 61 legislatura han solicitado que se reincorpore a la Constitución local la Ley 701, que reconocía la existencia de la Policía Comunitaria, como un sistema de seguridad y justicia que tiene vigencia en zonas habitadas mayoritariamente con población indígena.
Cesáreo Sánchez recordó que la CRAC-PC tiene más de 25 años de existencia, el consenso que hay en torno a su existencia, es que donde tiene presencia prevalece un clima de paz y de tranquilidad, con nula presencia de células del crimen organizado.
“Nosotros no entendemos por qué el temor, cuando les hemos demostrado que nuestro territorio es el más seguro del mundo; no existe la corrupción y los policías comunitarios son nombrados y respaldados por los pueblos, cuando alguien falla se le sustituye de inmediato y se le lleva a reeducación”, aseveró.
Explicó que la iniciativa que se reclama es completa, pues atiende asuntos como la Salud y la Educación, pero se hace hincapié en el reconocimiento de la Policía Comunitaria en la Constitución.
Precisó que la CRAC-PC es un sistema de seguridad y justicia que opera solo en comunidades indígenas, que no tienen nada que ver con grupos de autodefensa como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que son grupos de civiles armados que no tienen nada que ver con los sistemas normativos de los pueblos originarios.
“Donde existe la CRAC-PC existe un reglamento interno que delimita muy bien lo que se debe y no hacer; no nos andamos agarrando a balazos entre nosotros, no balaceamos a los turistas y no salimos de nuestro territorio, no andamos metiéndonos en donde no tenemos presencia”, anotó.
Destacó que la CRAC-PC tiene presencia en 250 comunidades que pertenecen a 28 municipios de la Montaña y Costa Chica, por lo que su advertencia se debe tomar en cuenta.
“En todo nuestro territorio se instalan casillas electorales; entonces nosotros decimos que ya basta, llevamos varios años luchando y esa es la manera en que pretendemos que se nos haga caso”, destacó.
Entre los municipios que mencionó, se encuentra San Luis Acatlán; Ayutla, Tlacoachistlahuaca, Malinaltepec, Acatepec, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Iliatenco y Copanatoyac, entre otros.
El reconocimiento en la Constitucional, de acuerdo con el consejero, no es una cuestión de capricho, obedece entre otras cosas, al hecho de que actualmente, hay muchos integrantes de la CRAC-PC sujetos a procedimientos judiciales a partir de que realizan su trabajo como autoridades comunitarias.
“Por eso es que ahora hemos acordado impedir la instalación de las casillas en todo lo que es el territorio comunitario, de tal manera que ahora el tema está en manos de los diputados”, anotó.
Eufemio Cesáreo manifestó que la CRAC-PC se mantiene al margen de los partidos políticos, de tal suerte que no está en la ruta de afectar o beneficiar a ninguno de los participantes.