— Luego de que se retiraran las iniciativas que legalizaban a las policías comunitarias
— Los pueblos se van a movilizar, advierte Vidulfo Rosales Sierra
Rogelio Agustín
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Vidulfo Rosales Sierra calificó como grave al hecho de que el Gobierno de Guerrero haya retirado del Congreso las iniciativas que legalizaban la operación de las Policías Comunitarias de la entidad, también señaló que las propuestas presentadas por 15 diputados están “peor” que las aprobadas en 2018.
Rosales Sierra consideró que la acción registrada la noche del jueves 24 de marzo resulta completamente regresiva, porque si bien tenía limitaciones, la propuesta de la gobernadora reconocía la legalidad del sistema de justicia y reeducación de los pueblos originarios, los que indicó, tienen un carácter milenario y de ninguna manera son nuevos.
La limitante, era que no se reconocía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como la titular de un sistema de justicia de los pueblos originarios.
Indicó: “En Guerrero no tenemos sistema de justicia indígenas creados como tales, el único debidamente constituido y practicado durante más de 28 años es el de la CRAC”.
En la iniciativa que se retiró del Congreso, se hacía alusión a la existencia de sistemas de seguridad y justicia, los que refirió que no existen en la entidad.
Rosales Sierra que mantener ese criterio en la ley, permitía la existencia de grupos que se asuman como policías comunitarias, cuando en realidad responde a intereses de la delincuencia organizada.
Luego destacó: “Resulta ahora, que nos enteramos que presentan una iniciativa totalmente rasurada, peor que la de la gobernadora, que de tajo desconoce el sistema de seguridad de los pueblos y los deja solo como auxiliares de las autoridades, se invisibiliza los sistemas normativos de los pueblos, se desconoce su autodeterminación y la forma de organización que traen desde hace muchísimos años, los que no van a dejar de existir por quedarse fuera del reconocimiento legal”.
En consecuencia, refirió que a pesar de que se les deje fuera del marco legal, los pueblos originarios van a seguir difundiendo su cultura, sus usos y costumbres y su forma de vivir, lo que se pedía es que no se les deje fuera del marco legal.
Acusó al Gobierno de Guerrero y también a los integrantes del Congreso a manejarse con miopía política, asumiendo ambos posiciones ultraconservadoras, lo que los ubica ideológicamente hacia la derecha.
“Lo que hacen, es obligar a la gobernadora a tomar una posición que invisibiliza y da la espalda a los pueblos indígenas, porque está peor la iniciativa de esta legislatura, que la presentada por la administración de Héctor Astudillo Flores”, anotó.
En consecuencia, dijo que los habitantes de las comunidades van a tener que movilizarse para ratificar la inconformidad que tiene por las decisiones asumidas.
“No podemos quedarnos viendo como se le da la espalda a los pueblos, como se nos trata como ciudadanos de segunda, desconociendo la autonomía de los pueblos originarios”, advirtió.