Tlachinollan: Congreso realiza consulta al vapor hacia pueblos originarios y afromexicanos

– No les alcanzará el tiempo, insiste el abogado Vidulfo Rosales Sierra
– Plantea retomar los trabajos hechos en 2019, por la legislatura anterior
– La iniciativa de 2019 tardó más de 18 meses en procesarse en los pueblos, lo que se trabaja es apresurado y sin el consenso de las comunidades

Rogelio Agustín

A dos semanas de que se agote el tiempo para consultar a los pueblos originarios y afromexicanos sobre reformas en materia de seguridad pública; educación, justicia y en legislación electoral, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Vidulfo Rosales Sierra sostiene que ya no hay tiempo para que dicho procedimiento se desarrolle de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

Rosales Sierra recordó que de acuerdo con la valoración hecha hasta el momento, lo que en su momento habrá de presentar la 63 Legislatura, será “peor” que lo presentado por los diputados que terminaron su periodo en octubre de 2021.

Recordó que en 2019, la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo, encabezada por el morenista Aristóteles Tito Arrollo presentó una iniciativa de ley en materia de Derechos y Cultura Indígena que cumplía con todos los elementos que reclama la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su resolución del 14 de abril de 2021.

Dicha iniciativa, dijo que estuvo precedida por una consulta que tardó más de año y medio en realizarse, pero que por diferentes motivos se quedó congelada.

Para diseñar la iniciativa de referencia, recordó que “se hicieron un sinnúmero de asambleas, reuniones previas a la consulta, parlametos abiertos y foros de consulta; hubo un amplio debate y volvieron a surgir esos temas porque son las aspitraciones legítimas de los pueblos”.

Respecto al trabajo realizado por el Congreso, que a partir del 15 de marzo desplegó a más de mil 600 personas en más 4 mil 600 comunidades distribuidas en 59 municipios, Rosales Sierra señala que es muy concreto: “Ya no da tiempo hacer la consulta, porque no será previa, libre, infrmada ni culturalmente adecuada, como son los estandares internacionales”.

Aunque la Junta de Coordinación Política (Jucopo) defiende un protocolo aprobado a mediados del mes de febrero, dijo que dicho documento en realidad es un texto hecho completamente a modo, porque en su diseño no participaron los pueblos originarios.

Luego, señaló que la gobernadora ha enviado al Congreso una serie de iniciativas que de entrada se reconoce que son buenas, entre ellas la que reconoce la existencia de las policías comunitarias, pero insiste en el hecho de que en la redacción no intervinieron los pueblos.

En 2019, sew había logrado una redacción que abarcada el tema de los autogobiernos en los pueblos originarios, además delimitaba muy bien lo relacionado con la tierra y el territorio en las zonas de influencia de mixtecos; amuzgos, nahuas y tlapanecos.

La que está en desahogo, sostiene que “será una consulta peor que la del gobierno priista, una consuta rápida, al vapor”.

Llevar una consulta de esa manera, refirió que “implica darle la espalda a los pueblos indigenas”.

Para salvar la situación y cumplir con lo que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que lo correcto es remitirse a la nicitiva, al expediente de consulta que ya realizado en 2019 por la legislatura anterior, para evitar quedar en la posibilidad de cometer un desacato, lo que incluso pone en riesgo la permanencia de los legisladores.

El abogado Rosales sostiene: “Lo que deben hacer es discutir que se puede agregar o modificar, pero siempre se debe trabajar con los pueblos, esa es una posible salida el problema que enfrentan, tanto el Gobierno del estado como el Congreso”.

De acuerdo con la Jucopo, el domingo 20 de marzo debió terminar la primera etapa de la consulta ordenada por la SCJN, que consistía en distribuir las invitaciones en todas las comunidades con población indígena o afromexicana.

Incluso, la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo sostuvo que a más tardar el 8 de abril, el Congreso estaría en condiciones de entregar una respuesta a la Suprema Corte respecto a la sentencia emitida en torno al juicio de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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